¡FUERTES REVELACIONES! Mancuso asegura que el Gobierno Petro les pidieron hablar mal de Uribe, Abelardo y Vargas Lleras
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lanzó fuertes señalamientos sobre una reunión realizada en octubre de 2025 en Valledupar, donde, según su versión, delegados del entonces Gobierno de Gustavo Petro habrían solicitado a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizar declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras, con presuntos fines electorales. Mancuso aseguró que ninguno de los participantes aceptó la petición.
En su pronunciamiento, Mancuso señaló directamente a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y al asesor Víctor de Correa Lugo como las personas que habrían planteado la solicitud. Explicó que el encuentro había sido acordado con Petro un año antes, en Montería, con el propósito de avanzar en el cierre del proceso de Santa Fe de Ralito, revisar los compromisos de reparación a las víctimas y resolver la situación jurídica de antiguos integrantes de las autodefensas. Según relató, el ambiente cambió cuando surgió la petición de pronunciarse contra los tres dirigentes políticos.
Mancuso señala a delegados del Gobierno Petro
El excomandante también sostuvo que, tras la negativa de los asistentes, la reunión terminó sin declaraciones públicas y la mesa de diálogo no volvió a convocarse. Además, manifestó su disposición a comparecer ante la Fiscalía si es requerido. Sus afirmaciones se suman a las denuncias públicas de Angie Rodríguez sobre los presuntos propósitos políticos del encuentro, un asunto por el que el Centro Democrático solicitó una investigación a las autoridades.
Finalmente, Mancuso cuestionó que, más de dos décadas después de la desmovilización de las AUC, continúen pendientes compromisos relacionados con la reparación de víctimas, la reintegración y la situación jurídica de excombatientes. Según afirmó, el proceso de Justicia y Paz podría tardar cerca de 60 años en culminar. Hasta el momento, los señalamientos sobre la supuesta estrategia electoral no constituyen hechos judicialmente comprobados, por lo que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió realmente durante aquella reunión.
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