Dueños de la discoteca Jet Set podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel
El proceso judicial por la tragedia de la discoteca Jet Set dio un giro importante en República Dominicana. Un juez elevó de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual la acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, quienes ahora podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La decisión fue adoptada por Franny González, juez de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, en Santo Domingo. Según el razonamiento judicial, los acusados habrían tenido conocimiento previo del deterioro del techo y de las señales de riesgo que existían en la estructura.
Con el cambio de calificación jurídica, el caso pasa de una figura que contemplaba una pena máxima de dos años a otra que permitiría sanciones de entre tres y 20 años de cárcel. El tribunal, sin embargo, descartó las circunstancias agravantes que habrían podido elevar las penas hasta 30 años.
El juicio deberá comenzar de nuevo
La decisión también implica que el expediente será enviado a un tribunal colegiado, ante el cual deberá comenzar nuevamente el juicio. La determinación respondió, entre otros aspectos, a la dimensión del caso y a la competencia del tribunal que lo venía conociendo.
Abogados de las familias afectadas calificaron el fallo como un avance en la búsqueda de justicia. Los representantes de las víctimas sostienen que las pruebas recopiladas durante la investigación justifican una acusación más grave.
¿Qué provocó la tragedia?
El desplome ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando cientos de personas asistían a un concierto del merenguero Rubby Pérez en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo. La emergencia dejó 236 personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellos figuras reconocidas del deporte, la música y la vida pública dominicana.
Dentro de la investigación, peritos del Ministerio Público señalaron que el colapso estuvo relacionado con una sobrecarga progresiva del techo. Entre los elementos que habrían incrementado el peso de la estructura se mencionaron tanques de agua, equipos de climatización, sistemas de sonido, luces y otras instalaciones.
La nueva calificación no constituye una condena definitiva por homicidio voluntario. El proceso deberá continuar ante el tribunal correspondiente, que evaluará las pruebas y determinará las responsabilidades penales de los acusados.