Escándalo en el ICBF: nueva directora denuncia que Astrid Cáceres tuvo más de 70 asesores
Una nueva controversia sacude al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que su actual directora, Carolina Restrepo, cuestionara la gestión de su antecesora, Astrid Cáceres, y asegurara que durante su administración hubo más de 70 asesores vinculados a su despacho.
El enfrentamiento se originó después de que Cáceres, exdirectora del ICBF durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuestionara el nuevo Presupuesto General de la Nación y advirtiera sobre los posibles efectos de eventuales recortes en programas sociales del Instituto.
“¿Qué exactamente se recorta cuando se recorta a lo social?”, preguntó Cáceres en redes sociales, al referirse a la continuidad laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutas, entre otros programas.
La respuesta de Restrepo no tardó en llegar. La actual directora del ICBF señaló que la preocupación de su antecesora por el presupuesto habría sido útil durante su propia administración.
“Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del ICBF. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de setenta asesores en su despacho, además de una planta de 35 asesores”, afirmó Restrepo.
La funcionaria también cuestionó el caso de un asesor que, según dijo, recibía cerca de $15 millones mensuales, además de una prima técnica. Restrepo sostuvo que este funcionario habría desempeñado labores relacionadas con la revisión de asuntos operativos del Instituto.
A esto se sumó un cuestionamiento sobre el pago de un arriendo superior a $220 millones mensuales por unas instalaciones que, según Restrepo, presentaban espacios con baja ocupación. La directora acompañó sus declaraciones con fotografías de las oficinas.
Ante las acusaciones, Astrid Cáceres respondió que las afirmaciones de Restrepo no pueden presentarse como hechos demostrados sin aportar los documentos que las sustenten.
La exdirectora pidió una rectificación y aseguró que las cifras mencionadas pueden ser verificadas mediante la documentación oficial del ICBF.
Cáceres solicitó que se hagan públicos los nombres, cargos, modalidades de vinculación, fechas, dependencias, funciones, estudios técnicos y contratos de las personas a las que se refiere la actual directora.
Según la exfuncionaria, no se deben mezclar funcionarios de planta con contratistas ni presentar cifras sin contexto sobre los periodos de vinculación y las funciones desempeñadas.
La exdirectora también advirtió que la controversia podría continuar en los tribunales: sostuvo que las acusaciones tienen consecuencias jurídicas al tratarse de afirmaciones de hecho y anticipó que la confrontación seguirá “en los estrados judiciales”.
Por ahora, el enfrentamiento deja sobre la mesa dos versiones contrapuestas sobre la estructura de asesores, la contratación y el manejo de recursos durante la anterior administración del ICBF. La documentación oficial del Instituto será clave para establecer el alcance de los señalamientos.