Procuraduría investiga a Edwin Palma por presuntas fallas durante intervención de Air-e
El fuerte deterioro de las finanzas de Air-e durante el periodo de intervención estatal quedó bajo la lupa de la Procuraduría. El organismo abrió una investigación disciplinaria contra el exministro de Minas y Energía Edwin Palma y otros exfuncionarios para determinar si presuntas omisiones en el manejo y seguimiento de la compañía contribuyeron a agravar su situación financiera y operativa.
La intervención de Air-e vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por una investigación disciplinaria que busca establecer responsabilidades frente a las decisiones tomadas mientras la empresa permaneció bajo administración del Estado.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exministro de Minas y Energía Edwin Palma y el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Elmer Felipe Durán, por posibles omisiones relacionadas con la intervención de la compañía, iniciada en septiembre de 2024.
Palma queda bajo la lupa por el deterioro financiero de Air-e durante la intervención estatal
Uno de los puntos que más llama la atención es el crecimiento de las obligaciones financieras. De acuerdo con la información conocida, la deuda de Air-e habría pasado de cerca de $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones en diciembre del mismo año, un incremento de aproximadamente $1,4 billones en diez meses.
El panorama también habría empeorado en otros indicadores. Las pérdidas totales aumentaron del 29,37 % al 31,20 %, mientras que el patrimonio neto de la empresa habría pasado de terreno positivo a negativo durante la administración estatal.
En el caso de Palma, la investigación busca esclarecer posibles omisiones relacionadas con recursos provenientes del alumbrado público, reportes regulatorios ante el Sistema Único de Información, XM y la CREG, además de prácticas de facturación que venían de administraciones anteriores.
Sobre Durán, la Procuraduría indaga posibles deficiencias en el seguimiento a la intervención, la presunta ausencia de un plan estructurado para recuperar la compañía, el manejo de recursos y obligaciones financieras y la entrega de información a los organismos de control.
El proceso también cobija a los agentes especiales interventores Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres. Frente a Bustamante se revisarán posibles incumplimientos regulatorios, reportes pendientes, permisos vencidos, pasivos ambientales y la información suministrada a la CREG.
La actuación disciplinaria se produce después de que la Procuraduría solicitara información sobre la intervención de Air-e, incluyendo datos relacionados con la administración, contratación, nombramientos y gastos realizados desde septiembre de 2024.
Ahora será el proceso disciplinario el que deberá determinar si existieron irregularidades y si las actuaciones u omisiones de los investigados tuvieron responsabilidad en el deterioro de la compañía. La apertura de la investigación no implica, por sí sola, que los vinculados sean responsables de faltas disciplinarias.