De la ‘paz total’ a la extradición: los cinco jefes criminales que serían enviados a Estados Unidos
El gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una nueva ofensiva contra organizaciones criminales con la firma de los documentos necesarios para avanzar en la extradición de cinco señalados cabecillas requeridos por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con el anuncio, tres de los cinco hombres permanecen detenidos, mientras que los otros dos son buscados por las autoridades. Los procesos están relacionados con delitos como narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo.
El anuncio vuelve a poner sobre la mesa los casos de varios jefes de estructuras armadas que, durante el gobierno de Gustavo Petro, estuvieron relacionados de una u otra manera con los procesos de negociación de la denominada ‘paz total’.
Uno de los nombres más conocidos es el de Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como uno de los negociadores de los Comandos de Frontera, estructura armada con presencia en el sur del país. ‘Araña’ adquirió especial notoriedad durante las negociaciones de la ‘paz total’, al convertirse en una de las caras visibles de los acercamientos del Gobierno con esa organización.
Su situación judicial generó controversia después de que fuera capturado en 2025, cuando tenía circular roja de Interpol. Su eventual extradición a Estados Unidos quedó en medio de las discusiones relacionadas con las negociaciones de paz. Ahora, su nombre vuelve a aparecer entre los casos que el nuevo Gobierno busca llevar hacia la justicia estadounidense.
Otro de los señalados es Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, identificado como jefe del Frente 33 de las disidencias de las Farc. La Corte Suprema de Justicia había avalado su extradición a Estados Unidos en 2025. Sin embargo, el trámite fue frenado durante el gobierno Petro bajo el argumento de que el señalado cabecilla podía realizar aportes a los procesos de negociación de la ‘paz total’.
‘Mocho Olmedo’ era considerado uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey’, otro de los nombres relacionados con las estructuras disidentes.
El tercer nombre es el de Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El delincuente fue capturado en 2024 después de que, según las autoridades, intentara modificar su apariencia mediante procedimientos quirúrgicos para evadir a las autoridades.
‘Muñeca’ habría heredado el control de parte de la estructura criminal que anteriormente estuvo bajo el mando de Hernán Giraldo, alias ‘Taladro’, y era señalado de ejercer control sobre una organización con cientos de integrantes.
También aparece Gabriel Yepes Mejía, alias ‘H. H.’, señalado como jefe de las disidencias de los Comuneros del Sur. Su proceso de extradición también había sido frenado durante el gobierno Petro, en medio de los acercamientos que se desarrollaban con esa estructura armada.
El caso de ‘H. H.’ se convirtió en otro de los ejemplos del choque entre los procesos de negociación del Gobierno y las solicitudes de extradición formuladas por Estados Unidos.
Finalmente está Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, identificado como uno de los principales cabecillas de Los Pachenca. Las autoridades lo han relacionado con actividades criminales en zonas de la Costa Caribe, incluyendo Magdalena, La Guajira y Bolívar.
Sobre su estructura pesan señalamientos por delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, extorsión y tráfico de estupefacientes. Su caso también estuvo relacionado con las medidas adoptadas durante la ‘paz total’, que buscaban facilitar acercamientos con estructuras armadas y organizaciones criminales.
La decisión anunciada por De La Espriella marca un cambio frente al tratamiento que durante el gobierno anterior recibieron algunos de estos casos.
Mientras la administración Petro priorizó los acercamientos con distintos grupos armados y suspendió o aplazó algunas extradiciones para facilitar las negociaciones, el nuevo Gobierno plantea retomar el traslado de estos señalados cabecillas a Estados Unidos.
El anuncio, además, vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde puede llegar una política de paz cuando existen solicitudes de extradición vigentes y qué papel debe tener la justicia estadounidense frente a estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.