UNP, al borde de quedarse sin recursos para escoltas y vehículos, según ‘El libro de la verdad’
La capacidad de protección de cientos de personas amenazadas en Colombia enfrenta una alerta presupuestal. Un informe de empalme del Ministerio del Interior señala que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tendría recursos insuficientes para mantener hasta final de año los servicios de escoltas, vehículos, dotación y viáticos.
Según el documento, estos rubros concentran cerca del 80 % del presupuesto de la entidad y algunos de los recursos estarían comprometidos hasta el 30 de agosto y el 30 de septiembre de 2026. La situación coincide con el vencimiento de cuatro contratos relacionados con servicios de protección, lo que podría afectar la continuidad de algunos esquemas asignados a líderes sociales, exfuncionarios y personas bajo amenaza.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, advirtió que el problema trasciende lo administrativo y puede convertirse en un riesgo para quienes dependen de estos mecanismos. “Un vacío presupuestal en esos contratos no es un problema administrativo, es un riesgo humano inmediato”, señaló.
El informe también pone bajo revisión varias decisiones adoptadas durante la anterior administración. Entre ellas aparece una contratación directa por 50.000 millones de pesos para drones y sistemas antidrones, cuya ejecución habría sido suspendida por presuntas inconsistencias relacionadas con la viabilidad técnica y la disponibilidad presupuestal.
A esto se suma la vinculación de cerca de 1.500 escoltas y funcionarios administrativos en julio de 2026, proceso que ahora es revisado por posibles incumplimientos de requisitos y la presunta presentación de títulos falsos.
Otro de los procesos cuestionados corresponde a una contratación superior a 78.000 millones de pesos para servicios de escolta. El contrato contemplaba inicialmente dos de las diez zonas del país consideradas estratégicas, situación que llevó al Equipo Élite Anticorrupción a presentar una queja disciplinaria y solicitar medidas contra funcionarios de la entidad. Un juez de Pereira ordenó suspender provisionalmente el proceso mientras se revisan las circunstancias denunciadas.
La preocupación también alcanza las proyecciones para 2027. El documento señala que la UNP solicitó un presupuesto 18,2 % inferior al de 2026, lo que podría limitar aún más su capacidad operativa.
Ante este panorama, el Gobierno deberá definir en las próximas semanas cómo garantizar la continuidad de los esquemas de protección y evitar que las restricciones presupuestales terminen afectando a personas cuya vida e integridad se encuentran en riesgo.