Hay una imagen del campo que debemos empezar a cambiar. Cuando pensamos en un campesino, muchas veces pensamos en alguien que necesita una ayuda, un proyecto, unas semillas, unos animales o un subsidio para poder salir adelante. Y es cierto que durante años miles de familias rurales han necesitado del apoyo del Estado. Pero si queremos hablar seriamente de desarrollo rural, debemos hacernos una pregunta diferente: ¿por qué no pensar en el campesino como un empresario rural capaz de producir riqueza, generar empleo y construir su propio futuro? El subsidio puede ser un punto de partida, pero nunca debería convertirse en el destino de quien trabaja la tierra.
Córdoba tiene las condiciones para dar ese salto. Tenemos tierras productivas, tradición ganadera y agrícola, conocimiento campesino y una ubicación privilegiada. Lo que muchas veces nos falta no es capacidad para producir, sino capacidad para organizarnos y llegar al mercado. Un productor que trabaja solo tiene dificultades para comprar insumos a buen precio, negociar con compradores, transportar su cosecha o acceder a procesos de transformación. Pero varios productores organizados pueden comprar juntos, producir con planificación, mejorar la calidad, conseguir mejores precios y convertirse en un verdadero actor económico. El campesino no tiene que dejar de ser campesino para convertirse en empresario; tiene que aprender a hacer empresa desde su propia tierra.
Por eso Córdoba debería avanzar hacia un modelo de empresa rural asociativa. No se trata de quitarle la tierra al campesino ni de convertir las fincas en grandes empresas ajenas al territorio. Cada productor conservaría su propiedad, pero podría asociarse con otros para hacer colectivamente aquello que individualmente resulta difícil. Una organización de productores de plátano, por ejemplo, podría comprar insumos en conjunto, recibir asistencia técnica, organizar la cosecha, establecer estándares de calidad, buscar compradores y negociar mejores condiciones. Una asociación ganadera podría avanzar hacia la transformación y comercialización de leche, carne o derivados. La tierra seguiría siendo del campesino, pero la capacidad empresarial sería colectiva.
También tenemos que cambiar el orden de las cosas. Muchas veces primero pensamos qué proyecto podemos financiar y después buscamos dónde vender lo producido. Debería ser al contrario. Primero el mercado y después la producción. Antes de entregar semillas debemos saber quién comprará la cosecha; antes de financiar animales debemos conocer dónde se comercializará la producción; antes de promover un cultivo debemos estudiar costos, demanda, transporte y posibilidades de transformación. Y aquí las compras públicas pueden ser una oportunidad importante. Colegios, hospitales y programas de alimentación necesitan alimentos permanentemente y, dentro de las reglas existentes, una parte de esa demanda puede convertirse en un mercado para nuestros productores. Pero el Estado no debería ser el único comprador: debe ayudar al campesino a utilizar esos mercados como un primer escalón para llegar después a supermercados, restaurantes, empresas y mercados nacionales.
Del campesino beneficiario al empresario rural
El siguiente paso es dejar de vender solamente materias primas. Si Córdoba produce leche, ¿por qué conformarnos únicamente con vender leche? Si produce plátano, ¿por qué no pensar también en selección, empaque, transformación y marca? Si produce yuca, ¿por qué no desarrollar productos con mayor valor agregado? El verdadero empresario rural no solamente produce; sabe cuánto le cuesta producir, cuánto puede ganar, cómo agregar valor y dónde vender. Para lograrlo necesitamos asistencia técnica que también enseñe administración, costos, comercialización y negociación. Necesitamos crédito adaptado a los ciclos del campo, vías rurales para sacar la producción, centros de acopio donde realmente sean necesarios y acceso a información de precios y mercados.
Y aquí el Estado debe cambiar también su papel. No se trata de dejar solo al campesino ni de eliminar los subsidios. Se trata de utilizarlos de otra manera. El apoyo público debería ayudar a construir capacidades que permanezcan cuando el programa termine. En lugar de preguntar únicamente qué vamos a entregar, deberíamos preguntar qué inversión necesita una familia campesina para convertirse en un productor rentable. Un tractor puede ser útil, pero una organización que sabe utilizarlo, cobrar por sus servicios y reinvertir sus ingresos puede ser mucho más transformadora. Un grupo de animales puede ser un proyecto; una empresa ganadera capaz de producir, comercializar y reinvertir es una oportunidad de desarrollo. El éxito de una política rural no debería medirse solamente por cuántos recursos se entregaron, sino por cuántas familias aumentaron sus ingresos y lograron sostenerse con su propia actividad productiva.
Córdoba tiene que atreverse a pensar diferente el campo. No podemos resignarnos a que nuestros campesinos sean eternamente beneficiarios de programas públicos. Queremos campesinos propietarios, productores, proveedores, transformadores y empresarios rurales. Queremos jóvenes que encuentren oportunidades económicas en el campo, mujeres rurales liderando empresas, asociaciones capaces de negociar y productos cordobeses llegando a mercados nacionales. El Estado puede ayudar a construir ese camino, pero no puede caminarlo para siempre. Porque al final, el verdadero desarrollo rural no será cuando hayamos entregado más subsidios, sino cuando una familia campesina pueda mirar su parcela y decir: “esta tierra me permite vivir dignamente, crecer y construir el futuro de mis hijos”. Ese debería ser el verdadero propósito de la política rural en Córdoba: no crear campesinos dependientes de la ayuda, sino empresarios rurales capaces de vivir de lo que producen.