Contratistas señalan remezón interno en URRÁ tras salida de Alejandro Padrón y llegada de Emiro Manrique
A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, varios contratistas y un alto funcionario aseguran que dentro de URRÁ S.A. E.S.P. se estaría ejecutando una serie de desvinculaciones y terminaciones contractuales que, según ellos, responderían a razones políticas y no a criterios técnicos o administrativos.
La denuncia apunta a un supuesto remezón interno en la empresa generadora de energía, tras la salida de Alejandro Padrón, quien se desempeñaba como secretario general de la compañía. De acuerdo con las fuentes, Padrón habría sido retirado hace aproximadamente un mes, presuntamente por la circulación de un video antiguo en el que aparecía compartiendo con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El contexto político no es menor. Colombia se prepara para una segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026, en medio de una campaña polarizada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Tras la salida de Padrón, según los denunciantes, habría ingresado como secretario general Emiro Manrique Romero, acompañado por su asesora jurídica, Liliana Busto. Desde ese momento, aseguran las fuentes, comenzaron movimientos internos que incluyeron la salida de ingenieros de alto nivel como Margarita Díaz y Juan Acevedo, funcionarios con más de 20 años de experiencia en la empresa y amplio conocimiento del funcionamiento técnico y administrativo de URRÁ.
De acuerdo con los testimonios conocidos, estas salidas habrían abierto paso al ingreso de personas cercanas al nuevo secretario general. Los denunciantes sostienen que no se trató de una simple reorganización institucional, sino de una presunta estrategia para remover personal antiguo y reemplazarlo por funcionarios o contratistas de confianza.
Señalamientos por terminación de contratos
Las denuncias también involucran a varios abogados contratistas que, según las fuentes, estaban bajo la supervisión de Alejandro Padrón. Los testimonios indican que Emiro Manrique habría solicitado un listado de esos profesionales y posteriormente los habría citado para proponerles la terminación de sus contratos por mutuo acuerdo.
Sin embargo, los contratistas habrían rechazado esa salida voluntaria. Según la denuncia, después de esa negativa se les comunicó la terminación unilateral de sus contratos bajo el argumento de presuntos incumplimientos contractuales.
Los afectados aseguran que cuentan con soportes, informes y evidencias de cumplimiento de sus obligaciones, por lo que consideran que las justificaciones usadas para terminar los contratos serían infundadas. Además, señalan que a algunos contratistas se les habrían retenido informes de supervisión, no se les habrían firmado documentos necesarios para acreditar su gestión o, incluso, no se les habrían asignado nuevas obligaciones para ejecutar, lo que luego habría sido utilizado como argumento para cuestionar su desempeño.
La sombra de un remezón político desde el Gobierno
Más allá de las terminaciones contractuales y los cambios administrativos dentro de URRÁ, las fuentes consultadas sostienen que el caso tendría un trasfondo más amplio: un presunto remezón político impulsado desde sectores del Gobierno nacional para asegurar el ingreso de personas cercanas al actual oficialismo en los meses finales de la administración.
En esas denuncias aparece mencionada la viceministra de Defensa, Angélica Verbel López, quien actualmente figura en el directorio oficial del Ministerio de Defensa como viceministra para la Estrategia y Planeación. Según los denunciantes, su nombre estaría asociado a una supuesta movida política para tomar control de espacios estratégicos en entidades estatales o con mayoría accionaria de la Nación, entre ellas URRÁ.
Las fuentes aseguran que la llegada de Emiro Manrique Romero a la Secretaría General no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia para remover funcionarios y contratistas antiguos, abrir espacios a personas de confianza y manejar áreas sensibles de la empresa en un momento de incertidumbre política por el cambio de Gobierno.
El señalamiento más grave apunta a que, según los denunciantes, se estaría aprovechando la recta final del actual Gobierno para drenar recursos, direccionar contratos y reorganizar internamente la empresa antes de que llegue una nueva administración nacional. Para ellos, las salidas de personal técnico con más de dos décadas de experiencia y la terminación de contratos jurídicos de alta cuantía serían señales de una operación que va más allá de una simple reestructuración administrativa.
Sin embargo, estos señalamientos deberán ser verificados por los órganos de control. Hasta ahora, corresponden a denuncias de contratistas y fuentes internas que piden la intervención de la Procuraduría para establecer si hubo abuso de poder, desviación de recursos públicos, persecución política o irregularidades en la terminación de contratos.
El caso deja una pregunta de fondo: ¿URRÁ está viviendo una reorganización institucional legítima o se convirtió en escenario de una disputa política para controlar cargos, contratos y recursos públicos en los últimos meses del Gobierno?