Informe alerta que grupos criminales expandieron su control territorial un 36 % y fortalecieron sus capacidades en un 87 %
Según los hallazgos conocidos, varias organizaciones ilegales han consolidado su control en zonas estratégicas del país, al punto de dificultar el ingreso de la Fuerza Pública e incluso limitar la movilidad de las comunidades.
Un informe interno de las Fuerzas Militares y la Policía encendió las alarmas al advertir que los grupos armados ilegales han ampliado su presencia territorial en un 36% durante la implementación de la política de paz total. El documento también señala que estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo habrían fortalecido sus capacidades operativas en un 87%.
Grupos criminales en Colombia
Según los hallazgos conocidos, varias organizaciones ilegales han consolidado su control en zonas estratégicas del país, al punto de dificultar el ingreso de la Fuerza Pública e incluso limitar la movilidad de las comunidades. La situación ha sido identificada especialmente en regiones fronterizas, corredores del narcotráfico y áreas rurales de difícil acceso.
Entre los territorios señalados se encuentran el Catatumbo, la Serranía de San Lucas, el nordeste antioqueño, el Cañón del Micay, el río Mataje, el Bajo Caguán y sectores de Arauca, Guaviare, Putumayo y Chocó. De acuerdo con análisis de la Fundación Ideas para la Paz y organismos de inteligencia, estas zonas presentan una fuerte influencia de actores armados ilegales y una limitada presencia estatal.
La preocupación aumenta a pocos días de la segunda vuelta presidencial, ya que distintas organizaciones han advertido sobre posibles riesgos de constreñimiento electoral en estas regiones. Expertos en seguridad sostienen que el control territorial ejercido por grupos armados podría afectar la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto.
Desde la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) señalaron que las denuncias de intimidación electoral y las recientes manifestaciones políticas de cabecillas criminales representan una alerta nacional. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de estas zonas consideradas críticas para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral.