“Sin decreto no hay salvavidas para la recuperación”: alcaldes del caribe a la Corte
Más de 120 mil familias dependen de una decisión que podría definir el futuro de la recuperación en la región Caribe
Con miles de familias aún golpeadas por las inundaciones, alcaldes del Caribe colombiano lanzaron un mensaje directo a la Corte Constitucional: mantener los decretos de emergencia es clave para evitar que la crisis se agrave y la reconstrucción quede en el aire.
Desde Montería, alcaldes de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena alzaron la voz de manera conjunta para pedir que se mantengan vigentes las medidas excepcionales adoptadas tras el frente frío de febrero de 2026. Para ellos, estos decretos no son un trámite más, sino la única vía real para acceder a recursos que permitan levantar a los territorios afectados.
Alcaldes alzan sus voces
El alcalde de Ayapel, Hugo Pinedo, fue enfático al señalar que la decisión de la Corte marcará el futuro de la región. Según dijo, lo que está en juego no es solo la legalidad de un decreto, sino la posibilidad de reconstruir comunidades enteras que hoy siguen enfrentando las consecuencias de la emergencia.
En la misma línea, el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, advirtió que sin ese respaldo jurídico no hay herramientas para responder a la magnitud del desastre. Aseguró que la recuperación del campo, la economía local y las comunidades afectadas depende directamente de esos recursos, que no están disponibles por otras vías.
El llamado fue respaldado por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien alertó que una eventual caída de los decretos impactaría a más de 120 mil familias en varios departamentos. Mientras tanto, sobre la mesa está un plan de recuperación que proyecta inversiones por $8,7 billones, cifra que refleja la dimensión de una crisis que aún no termina y cuya solución depende, en gran medida, de lo que decida la Corte.
