Comisión fronteriza exige claridad sobre relaciones diplomáticas y seguridad con Venezuela
La Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela anunció su primera acción institucional: solicitar a la Cancillería un informe detallado sobre el estado de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, así como los acuerdos vigentes en seguridad, defensa, cooperación económica y lucha contra el crimen transfronterizo.
La iniciativa busca establecer qué compromisos mantienen los dos gobiernos, cuáles son los mecanismos de cooperación disponibles y qué acciones conjuntas pueden implementarse para responder a las dificultades que enfrentan las comunidades de ambos lados de la frontera.
La representante a la Cámara por Norte de Santander y coordinadora de la comisión, Diana Riveros, explicó que la solicitud pretende conocer la posición del Gobierno colombiano frente a las relaciones con Venezuela y las herramientas institucionales existentes para atender los problemas de seguridad y desarrollo en la región.
“Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela”, afirmó Riveros.
La solicitud se presenta en medio de las preocupaciones por el orden público en Norte de Santander, donde persisten amenazas relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y el contrabando.
Durante la presentación de la comisión, Riveros se refirió al asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional. Según indicó, existe información que apunta a que el presunto sicario habría huido hacia la frontera venezolana.
La representante también mencionó las explosiones registradas cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander y advirtió sobre la recurrencia de hechos violentos que afectan a la población y las actividades económicas de la zona.
Ante este panorama, la comisión pretende identificar los acuerdos y mecanismos que permitan fortalecer el intercambio de información, la coordinación entre autoridades y las acciones para combatir las estructuras criminales que operan en la región.
El informe solicitado a la Cancillería permitirá conocer qué instrumentos están vigentes y qué posibilidades existen para avanzar en una cooperación más efectiva entre Colombia y Venezuela.
La agenda de la comisión no se limita a los asuntos de seguridad. Sus integrantes también buscan promover el comercio legal, impulsar oportunidades de empleo y mejorar el acceso a servicios esenciales como salud, educación e infraestructura.
El representante a la Cámara por La Guajira y coordinador de la comisión, Jorge Figueroa, señaló que las regiones fronterizas necesitan que las normas existentes se traduzcan en resultados concretos para sus habitantes.
“La frontera también es Colombia, y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu. Por eso asumimos la coordinación de esta comisión: las leyes de frontera ya existen y ahora toca que se cumplan. Queremos que nuestros territorios fronterizos dejen de ser periferia y pasen a ser prioridad”, manifestó.
La posición de los congresistas apunta a que la política fronteriza contemple tanto la protección de la población como el fortalecimiento de las actividades económicas legales y la atención de las necesidades sociales.
La comisión está integrada por 15 representantes a la Cámara de diferentes partidos y regiones fronterizas. Entre sus funciones previstas está hacer seguimiento a los recursos públicos destinados a estos territorios, verificar su ejecución y evaluar los resultados de las políticas implementadas.
Asimismo, sus integrantes contemplan convocar a ministros y representantes de entidades estatales para que expliquen las medidas adoptadas y los avances en los compromisos relacionados con las zonas limítrofes.
La instancia legislativa también buscará promover iniciativas que respondan a las necesidades particulares de las comunidades fronterizas.
Con la solicitud dirigida a la Cancillería, la comisión inicia una agenda de seguimiento a las relaciones entre Colombia y Venezuela, con énfasis en los acuerdos que puedan contribuir a mejorar la seguridad, facilitar el comercio formal y fortalecer la presencia institucional.
El objetivo será determinar qué herramientas diplomáticas y administrativas están disponibles para impulsar soluciones conjuntas, en una región donde los problemas de seguridad y las dinámicas económicas requieren coordinación permanente entre ambos países.