Emilio Tapia niega buscar contratos del estado y habla de suplantación tras alertas del gobierno
En medio de nuevos señalamientos por posibles movimientos en licitaciones públicas, Emilio Tapia salió a desmarcarse y aseguró que están usando su nombre sin autorización. El caso ya está en manos de la Fiscalía.
El nombre de Emilio Tapia vuelve a estar en el centro de la polémica… esta vez, por supuestos intentos de participación en contratos de infraestructura en el país. Pero el propio contratista salió al paso de los señalamientos y negó cualquier vínculo con esos procesos.
La controversia surgió luego de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtiera sobre posibles movimientos de estructuras empresariales relacionadas con Tapia en licitaciones viales… específicamente en proyectos como La Llanada–Sotomayor. Según la alerta, estos grupos estarían intentando quedarse con varios contratos a través de consorcios.
Frente a esto, Tapia respondió con un comunicado contundente… asegurando que las acusaciones carecen de sustento y que no tiene participación en esos procesos. Fue enfático en señalar que su nombre estaría siendo utilizado por terceros sin autorización.
Incluso, reveló que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía… advirtiendo sobre una posible suplantación y el uso indebido de su trayectoria empresarial y documentación para intentar acceder a licitaciones públicas.
Según explicó, desde marzo había entregado información detallada a las autoridades sobre personas y empresas que, presuntamente, estarían actuando de manera irregular utilizando su nombre… pese a que, jurídicamente, no tendría posibilidad de participar en estos procesos.
El contratista también aseguró estar dispuesto a colaborar con las investigaciones… mientras se intenta esclarecer si detrás de estas denuncias hay una red que estaría usando identidades y estructuras empresariales para moverse en el mundo de la contratación estatal.
Por ahora, el caso abre nuevas preguntas… en un escenario donde el pasado judicial de Tapia y las alertas del Gobierno vuelven a cruzarse en el debate público.
