Fiscalía pide a Gustavo Petro revocar estatus de ‘Calarcá’ y reactivar órdenes de captura
Según explicó la fiscal, la designación de ‘Calarcá’ como vocero del Estado Mayor Central (EMC) se dio en el marco de la Ley 2272 de 2022, que permite al Gobierno adelantar negociaciones con grupos armados de carácter político.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro revocar la designación de alias ‘Calarcá’ como miembro representante de las disidencias de las Farc. La petición fue enviada mediante una carta en la que la jefe del ente acusador argumenta que el señalado no ha demostrado un compromiso real con el proceso de paz.
Petición de la Fiscalía sobre alias ‘Calarcá’
Según explicó la fiscal, la designación de ‘Calarcá’ como vocero del Estado Mayor Central (EMC) se dio en el marco de la Ley 2272 de 2022, que permite al Gobierno adelantar negociaciones con grupos armados de carácter político. Esta figura implica beneficios como la suspensión de órdenes de captura, siempre que exista una voluntad verificable de avanzar hacia la legalidad.
No obstante, Camargo advirtió que este beneficio es de carácter excepcional y condicionado. La normativa establece que quienes acceden a él deben demostrar, con hechos concretos, su intención de abandonar la criminalidad y contribuir activamente a los diálogos de paz. De lo contrario, las medidas pueden ser revertidas.
En su comunicación, la fiscal aseguró que alias ‘Calarcá Córdoba’ no solo ha incumplido estas condiciones, sino que habría continuado liderando acciones delictivas. Entre los señalamientos se incluyen masacres, secuestros y otras conductas violentas, además de la presunta emisión de órdenes para mantener operaciones criminales tras la suspensión de sus capturas.
De acogerse la solicitud, el Gobierno podría revocar su estatus como representante del EMC, lo que implicaría la reactivación inmediata de las órdenes de captura en su contra. La decisión pondría a prueba los límites del modelo de negociación con grupos armados y el equilibrio entre los beneficios jurídicos y las garantías de no repetición.
