¡LA JUSTICIA SE CANSÓ DE ESPERAR! Ordenana arresto de gerente de centro de salud en Sucre por desacatar tutela de un ciudadano
Tuvo que acudir a un juez para que le respondieran. Ganó la tutela. Aun así, nadie le cumplió. El caso de un ciudadano en Majagual terminó con una decisión poco común: arresto y multa contra la gerente de un centro de salud por ignorar una orden judicial.
Lo que empezó como una simple solicitud terminó convirtiéndose en una batalla por sus derechos.
Jesús Manuel Hernández Cortés acudió a la justicia buscando una respuesta clara a una petición que había hecho desde agosto de 2025. En diciembre, un juez le dio la razón y ordenó al centro de salud de Majagual responderle en un plazo de 48 horas.
Pero esa respuesta nunca llegó como debía. Pasaron los días, luego las semanas, y finalmente los meses. Ante el silencio, Hernández tuvo que volver al juzgado, esta vez denunciando el incumplimiento de la orden.
El proceso avanzó y, según el despacho judicial, la entidad intentó justificar que sí había respondido. Sin embargo, el juez fue claro: no hubo una contestación completa ni verificable que garantizara los derechos del ciudadano.
La sanción: arresto y multa
Ante el incumplimiento, el Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual tomó una decisión contundente.
Sancionó a la gerente del centro de salud, María Monsalve Sánchez, con cinco días de arresto y una multa económica por desacatar la orden de tutela.
El fallo también ordena que la sanción se cumpla en las instalaciones del comando de Policía del municipio.
Más que un trámite, un derecho ignorado
Detrás de este caso no hay solo un proceso legal. Hay una situación que se repite en muchas regiones: ciudadanos que deben insistir una y otra vez para que entidades públicas respondan.
La tutela, que debería ser una herramienta rápida para proteger derechos, terminó siendo solo el inicio de una nueva lucha.
Un mensaje que va más allá del caso
La decisión envía un mensaje claro: las órdenes judiciales no son opcionales.
Cuando una entidad no responde, no solo incumple un trámite, también vulnera derechos fundamentales. Y en este caso, la justicia decidió pasar de las advertencias a las sanciones.
Mientras tanto, queda una pregunta que sigue resonando:
¿cuántas personas más siguen esperando respuestas que nunca llegan?