Gobernador de Antioquia demanda suspensión de órdenes de captura a cabecillas criminales
Rendón confirmó que la acción judicial fue radicada en Bogotá con solicitud de medida cautelar y afirmó que la suspensión de las órdenes de captura busca, según él, “liberar a los peores criminales del departamento”.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la suspensión de órdenes de captura a cabecillas de bandas criminales, medida adoptada por el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación. El mandatario aseguró que la decisión afecta el funcionamiento de la justicia y las garantías para las víctimas.
Decisión del gobernador de Antioquia
Rendón confirmó que la acción judicial fue radicada en Bogotá con solicitud de medida cautelar y afirmó que la suspensión de las órdenes de captura busca, según él, “liberar a los peores criminales del departamento”. El anuncio lo realizó a través de su cuenta en X, donde reiteró su postura crítica frente a las decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía explicó que la suspensión de las órdenes de captura responde a una solicitud presentada el 24 de febrero de 2026 por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en el marco de los procesos de diálogo con estructuras criminales. El organismo aclaró que la medida no implica la liberación de personas que estén cumpliendo condenas o medidas de aseguramiento, ya que esas decisiones no son de su competencia.
La resolución 00072, expedida el 27 de marzo de 2026, incluye a 23 cabecillas de estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana, lo que generó fuertes reacciones en el ámbito político. Entre los críticos también se encuentra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la decisión como un “insulto a las víctimas” y cuestionó la política de paz del Gobierno.
El caso ha intensificado el debate nacional sobre la estrategia de seguridad y la llamada “paz total”, mientras se espera que el Consejo de Estado evalúe la demanda y determine si procede la suspensión de la medida. La controversia refleja la creciente tensión entre autoridades regionales y el Gobierno nacional frente al manejo de los procesos con grupos criminales.
