Exmagistrado afirma que es legal reducir el salario de los congresistas tras decreto del Gobierno Petro
La reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar una prima salarial a los congresistas, que redujo en cerca de 16 millones de pesos su ingreso mensual, reabrió el debate sobre la legalidad de disminuir la remuneración de los altos funcionarios del Estado. Sin embargo, para el exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, la medida es constitucional y jurídicamente viable.
El jurista explicó que el decreto expedido por el Ejecutivo se ajusta a las facultades que la Constitución le otorga al Gobierno para regular los salarios de los servidores públicos, incluidos los miembros del Congreso. A su juicio, la eliminación de la prima no vulnera derechos adquiridos, ya que se trata de un beneficio salarial que puede ser modificado o suprimido.
Gómez Aranguren señaló que, aunque el decreto deberá ser revisado por el Consejo de Estado, un análisis preliminar indica que se trata de un decreto reglamentario dentro del marco legal vigente, por lo que no existiría una infracción constitucional en su expedición.
Uno de los puntos que más inquietudes ha generado es el posible impacto de esta reducción en otros altos cargos del Estado, como el presidente de la República y los magistrados de las altas cortes, cuyos salarios están referenciados al de los congresistas. Frente a este escenario, el exmagistrado indicó que la medida sí podría generar un efecto colateral, ya que la ley establece topes salariales basados en la remuneración de los legisladores.
El exfuncionario también explicó la estructura salarial de los altos dignatarios del Estado, señalando que el salario básico suele rondar entre 11 y 12 millones de pesos, pero que, al sumarse primas y reconocimientos, los ingresos pueden llegar a cerca de 55 millones, antes de descuentos.
En cuanto al control judicial del decreto, precisó que, debido a un posible conflicto de intereses, los magistrados del Consejo de Estado no serían quienes decidan sobre su legalidad, sino conjueces, es decir, juristas independientes designados para estos casos.
Finalmente, Gómez Aranguren recordó que la prima eliminada fue creada durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el objetivo de hacer más competitiva la función pública frente al sector privado. No obstante, recalcó que este tipo de beneficios no constituyen derechos adquiridos, lo que permite al Gobierno ajustarlos conforme a las condiciones fiscales del país.
El exmagistrado concluyó que la reducción salarial a los congresistas no solo es legal, sino que responde a un criterio de austeridad y responsabilidad fiscal, en un contexto de creciente exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.