Gobierno Petro busca desligar los aumentos de la vivienda VIS del salario mínimo
Según el documento, quedará prohibido que las constructoras comercialicen viviendas VIS con valores atados al salario mínimo legal mensual vigente.
El Ministerio de Vivienda publicó este sábado 10 de enero el borrador de decreto con el que busca desindexar el salario mínimo de los precios de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia, una medida que apunta a frenar los aumentos automáticos que tradicionalmente impactan el costo final para los compradores. La propuesta establece que, desde la etapa de separación o promesa de compraventa, todos los proyectos VIS deberán negociarse exclusivamente en pesos colombianos y mantener su precio fijo hasta la entrega del inmueble.
Aumentos de la vivienda VIS del salario mínimo
Según el documento, quedará prohibido que las constructoras comercialicen viviendas VIS con valores atados al salario mínimo legal mensual vigente. En el texto se advierte que “en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo”, cerrando la puerta a incrementos derivados de alzas salariales posteriores a la firma de los contratos.
No obstante, el borrador contempla excepciones puntuales: el precio solo podría ajustarse durante la ejecución del proyecto si se demuestra un aumento real y verificable en los costos de construcción. Dichos incrementos deberán estar sustentados con información oficial del DANE; de lo contrario, cualquier alza será considerada inválida y no podrá trasladarse al comprador.
La normativa también endurece las reglas frente a prácticas abusivas del sector constructor. Se considerará una falta grave dilatar sin justificación la firma de la promesa de compraventa o la escrituración para cobrar incrementos del salario mínimo, así como imponer cláusulas que perjudiquen al consumidor. Además, cualquier cambio en fechas o condiciones deberá ser informado de manera oportuna y con la debida justificación.
Finalmente, el borrador fija que el valor máximo de la vivienda de interés social para 2026 seguirá siendo equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales, aunque su comercialización ya no podrá depender de esa referencia. Con esta propuesta, el Gobierno busca dar mayor estabilidad a los compradores de VIS y avanzar en la protección de sus derechos frente a incrementos que, hasta ahora, encarecían el acceso a la vivienda propia.