Nicolás Petro rechaza todos los cargos imputados por la Fiscalía en el caso de presunta corrupción en Atlántico
En un nuevo capítulo del proceso judicial que lo enfrenta a la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, volvió este miércoles al Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla, donde dejó claro que no aceptará ninguno de los delitos que le fueron imputados por presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico.
La diligencia, que había sido suspendida el pasado 15 de noviembre, se reanudó para que Petro Burgos confirmara uno a uno si aceptaba o no los seis cargos presentados por el ente acusador: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento privado, falsedad en documento público y falso testimonio.
Sin embargo, este último fue retirado por la fiscal del caso.
“No acepto”: la respuesta a cada imputación
Durante la audiencia, el juez le pidió pronunciarse sobre cada cargo. En todos los casos, la respuesta del procesado fue la misma: “no acepto”.
La Fiscalía sostiene que Petro habría intervenido para direccionar dos contratos de la Gobernación a favor de la Fundación FUCOSO, uno por $400 millones y otro por $572 millones, aprovechando su influencia política como diputado.
De acuerdo con la acusación, el objetivo habría sido apropiarse de recursos públicos, especialmente los anticipos de ambos contratos, de los cuales según la investigación Petro y terceros habrían recibido cerca de $111 millones entre 2021 y 2022.
Las conductas atribuidas por la Fiscalía
El ente acusador presentó su teoría del caso:
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Interés indebido en la celebración de contratos: Petro habría usado su investidura para direccionar convenios sin mérito ni licitación.
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Peculado por apropiación: Supuestamente participó en la apropiación de recursos entregados como anticipos a los contratos.
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Tráfico de influencias: La Fiscalía asegura que presionó a la entonces gobernadora y a funcionarios para favorecer a FUCOSO.
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Falsedad documental: Señalan que habría incluido información falsa en su hoja de vida, en certificaciones de ingresos y en documentos que terminaron incorporados al SIGEP y a sus declaraciones de renta.
La Fiscalía describe todo el esquema como un “acuerdo corrupto” que habría permitido desviar recursos destinados a programas para adultos mayores.
Lo que viene en el proceso
Con la negativa de Petro Burgos a aceptar los cargos, el caso avanza hacia la etapa de solicitud de medida de aseguramiento y posterior preparación del juicio, en el que la defensa intentará desmontar la tesis de responsabilidad penal que sostiene la Fiscalía.