Corte Suprema abre nueva indagación preliminar contra Saray Robayo
Una nueva actuación judicial involucra a la representante a la Cámara Saray Robayo. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar para establecer si la congresista del Partido de la U habría ejercido una presunta influencia indebida sobre la Fiduprevisora, en un proceso que apenas comienza y busca verificar los hechos denunciados.
La representante a la Cámara Saray Robayo vuelve a estar en la mira de la justicia. La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva indagación preliminar para establecer si la congresista habría ejercido una presunta influencia indebida sobre la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar recursos públicos.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia presentada por la Red de Veedurías de Colombia. En esta etapa inicial, el alto tribunal busca verificar si existieron actuaciones irregulares relacionadas con la gestión de la Fiduprevisora, administradora, entre otros recursos, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
De acuerdo con la denuncia, el asesor Julián Habib Saade, vinculado a la entidad, tendría cercanía con la congresista y presuntamente le suministraba información sobre decisiones internas. Además, el documento señala que algunos asuntos relevantes de la fiduciaria requerían el visto bueno de Robayo y del contratista Emilio Tapia, pareja de la representante. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y deberán ser verificadas durante el proceso.
Esta no es la primera actuación judicial que enfrenta la congresista. En febrero de 2025, la Corte también abrió una indagación preliminar luego de que el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, afirmara que varios congresistas, entre ellos Saray Robayo, le habrían solicitado nombramientos dentro de esa entidad.
El rumbo del expediente dependerá de la situación jurídica de la representante, quien dejará su curul el próximo 20 de julio, fecha en la que perderá el fuero constitucional. A partir de entonces, la Corte deberá determinar si archiva el caso, abre una investigación formal o remite el proceso a la Fiscalía General de la Nación.