Rechazo internacional por la desproporcionada condena a doctora venezolana que criticó al régimen de Maduro
De acuerdo con organismos defensores, la pena supera ampliamente las condenas estipuladas en Venezuela para delitos graves.
La condena de 30 años de prisión impuesta a la doctora venezolana de 65 años, Marggie Orozco, tras enviar un audio en el que criticaba al régimen de Nicolás Maduro, desató un fuerte rechazo de organizaciones de Derechos Humanos, activistas y sectores académicos dentro y fuera del país. La sentencia ha sido catalogada como un acto de persecución política en medio del clima de tensión posterior a las elecciones del 28 de julio.
Condena de Maduro a doctora
De acuerdo con organismos defensores, la pena supera ampliamente las condenas estipuladas en Venezuela para delitos graves. Mientras un homicidio intencional contempla entre 12 y 18 años de cárcel, la pena por homicidio agravado oscila entre 25 y 30 años. “La diferencia es evidente cuando se trata de ciudadanos perseguidos por motivos políticos”, afirmó Marino Alvarado, activista de la ONG Provea.
El régimen acusa a Orozco de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, delitos que han sido cuestionados por especialistas jurídicos y por la comunidad internacional. Para académicos como Juan Carlos Apitz, decano de ciencias jurídicas, esta decisión más que justicia representa una “venganza política” tras los resultados electorales que aún generan controversia.
Organizaciones no gubernamentales han advertido que el caso refleja un patrón de uso del sistema judicial como herramienta de represión contra ciudadanos que expresan opiniones contrarias al oficialismo. La situación se suma a la creciente lista de profesionales y activistas sometidos a procesos judiciales por manifestar críticas al Gobierno.
El caso de Marggie Orozco revive la preocupación por el deterioro del estado de derecho en Venezuela y envía, según observadores internacionales, un mensaje disuasorio contra la disidencia. Activistas se preguntan hasta cuándo continuará la persecución política en un país donde cuestionar al régimen puede convertirse en un delito castigado con décadas de cárcel.