Petro violó los topes de campaña en más de $3.500 millones afirma el CNE
Una ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 excedió los topes de gasto permitidos por la ley, con un sobrecosto superior a los $3.500 millones. Así lo reveló el director de noticias de Blu Radio, Ricardo Ospina, en el programa Mañanas Blu, anticipando que el documento será radicado este miércoles para votación en Sala Plena.
La investigación, liderada durante más de dos años por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, determinó que hubo irregularidades tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial. La ponencia también propone sanciones económicas contra los partidos Colombia Humana, Pacto Histórico, y contra varios directivos de la campaña Petro Presidente, entre ellos Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien tendría que responder por más de $4.000 millones entre multas y devoluciones.
Pese a la gravedad de los hallazgos, el documento no contempla sanciones políticas como la pérdida de personería jurídica de los partidos involucrados. La propuesta se limita a multas económicas y recuperación de fondos. En paralelo, se conoció que la empresa SADI, que prestó servicios aéreos a la campaña, embargó bienes de Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa, por deudas asociadas a ese contrato.
La votación en el CNE está dividida. Según Blu Radio, cinco magistrados estarían a favor de aprobar la ponencia: Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Cristian Quirós y Maritza Martínez. En contra votarían Altus Vaquero, Álvaro Echeverri y Fabiola Márquez, esta última cercana al Pacto Histórico.
Por orden de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro quedó por fuera de esta investigación, dado su fuero presidencial. En julio, el alto tribunal falló una tutela que determinó que solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigarlo, por lo que no se contemplan sanciones directas en su contra dentro de esta ponencia.
Si se aprueba, esta sería la primera sanción oficial contra la campaña presidencial de 2022 por violación de normas electorales, lo que marcaría un precedente histórico en la fiscalización del financiamiento político en Colombia.