“El año que viene o hay paz o hay destrucción”: Petro a organizaciones criminales
El gobierno plantea dos escenarios para el próximo año: acuerdos de paz o desmantelamiento militar de organizaciones ilegales.

El gobierno colombiano estableció el 2025 como el año definitivo para resolver el conflicto armado en el país, presentando dos alternativas concretas: lograr acuerdos de paz con los grupos ilegales o proceder a su desmantelamiento mediante operaciones militares.

Petro se refiere a las organizaciones criminales
Durante la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro señaló que las cifras de seguridad muestran una reducción en homicidios y masacres, pero advirtió que los grupos armados mantienen su presencia en varias regiones del territorio nacional.
“Este es el año definitivo. O hay paz o hay destrucción de organizaciones armadas totales “, declaró el mandatario, quien vinculó el éxito de cualquiera de estas alternativas a la implementación de políticas de inclusión territorial y reducción de brechas sociales.
Los datos presentados revelaron que en 2024 los homicidios disminuyeron 1.4%, registrando 12,752 casos frente a 12,958 del año anterior. Las masacres también mostraron una reducción del 13%, mientras que las incautaciones de cocaína aumentaron de 727 a 826 toneladas.
El gobierno reportó 169 operaciones exitosas contra grupos armados ilegales, 557 capturas y la detención de 119 cabecillas. Entre los resultados destacados figura la recuperación del control territorial en El Plateado y el cañón del Micay, zonas previamente dominadas por organizaciones criminales vinculadas a carteles mexicanos.
El presidente enfatizó que la política de seguridad debe medirse por el número de vidas salvadas y no por el de víctimas. Señaló que la solución definitiva requiere una combinación de justicia social y acción militar, incluyendo acceso a educación superior para jóvenes en zonas rurales y apoyo estatal para agricultores.
Para 2025, el gobierno busca intensificar las operaciones contra las estructuras criminales, estableciendo como meta la incautación de bienes del narcotráfico por un valor de un billón de pesos, superando los 333,000 millones recuperados hasta ahora.