‘Cartel de la Tierra’: Empresarios y políticos se apropian de tierras destinadas a víctimas y campesinos
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha revelado la existencia de un entramado de corrupción denominado el ‘Cartel de la Tierra’, conformado por empresarios, políticos y narcotraficantes que habrían ocupado indebidamente al menos 16 mil hectáreas destinadas a la reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia. Según Felipe Harman Ortiz, director general de la ANT, estas tierras, localizadas en departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia, fueron entregadas al Fondo de Reparación de Víctimas hace casi 20 años, pero han sido utilizadas por clanes familiares y actores cuestionados en lugar de beneficiar a los campesinos y afectados.
La ANT identificó irregularidades como contratos de arrendamiento ilegales y presiones de autoridades locales para dilatar los procesos de entrega. Los casos más emblemáticos incluyen figuras como Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista (Córdoba), vinculado a masacres paramilitares, y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, con predios en Cesar y Valledupar. Otros ocupantes irregulares son familiares de Víctor Carranza en Meta y empresas como K-Supply Group SAS, que obtuvo grandes extensiones de tierra con contratos cuestionables en Tarazá y Cáceres, Antioquia.
Harman destacó la recuperación de dos predios en Meta, con una extensión de 954 hectáreas, ocupados por herederos de Víctor Carranza. Además, se puso fin a contratos con arrendatarios como Charif El Hadaui Hernández, señalado de vínculos con narcotráfico, y se trabaja en recuperar más de 100 mil hectáreas mediante acuerdos con exjefes paramilitares designados como Gestores de Paz por el Gobierno Nacional. Este esfuerzo busca garantizar que las tierras lleguen finalmente a manos de quienes más lo necesitan.
La ANT ha avanzado en convenios con la Unidad de Víctimas por un valor de $700 mil millones, asegurando la compra de 53 mil hectáreas y culminando contratos de arrendamiento con ocupantes cuestionados. Sin embargo, el director de la ANT enfatizó la necesidad de mayor apoyo institucional y de trabajo conjunto con entidades como la Fiscalía General de la Nación para investigar penalmente a los responsables y evitar nuevas apropiaciones indebidas.
Esta problemática evidencia el profundo impacto de la corrupción en la reparación a las víctimas del conflicto armado y el desarrollo rural en Colombia. Mientras tanto, los campesinos y víctimas siguen esperando la materialización de sus derechos, en medio de luchas jurídicas y administrativas que el Estado busca resolver para cumplir con su deber de justicia social y reparación integral.
