CNE concluye que campaña Petro violó topes por más de $5.300 millones
La campaña del presidente Gustavo Petro habría incurrido en violación de los topes legales de gastos y financiación en las dos vueltas de la elección presidencial. Además, contaría con aportes de fuentes prohibidas en las dos campañas.
La investigación ejecutada por un equipo multidisciplinario y dirigida por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y el cuestionado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, llegó a la conclusión de que la campaña presidencial del jefe de Estado sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que, además, recibió aportes de personas jurídicas, contrariando la ley que lo prohíbe expresamente.
Las alegadas irregularidades sobrepasan los $3.700 millones para la primera vuelta y los $1.600 millones en la segunda vuelta.
Según la investigación, en la primera vuelta hubo siete violaciones:
La campaña del hoy presidente Gustavo Petro omitió reportar un aporte por 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
La campaña argumenta que no recibió ese aporte sino que lo hizo el Movimiento Político Colombia Humana. Sin embargo, los investigadores encontraron un acta del Comité Ejecutivo del sindicato de educadores que señala que el aporte fue aprobado por Fecode como “apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro”. Además, existe una certificación del fiscal de Fecode en la que consta que el cheque por $500 millones fue girado a Dagoberto Quiroga, de Colombia Humana, como “aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026″.
Esta plata llegó a la empresa Ingenial Media, la misma que le pagaba al asesor catalán Xavier Vendrell y cuyo nombre él no quiso entregar en su entrevista con La W.
La segunda alegada irregularidad consiste en haber omitido en el informe final de gastos un aporte por 500 millones de pesos del Partido Polo Democrático Alternativo. Sobre este aporte hay una curiosidad: inicialmente apareció en la contabilidad como préstamo a la campaña y se esfumó de los libros en un registro posterior. Con esos $500 millones ya se violarían los topes de primera vuelta.
En la tercera presunta irregularidad vuelve a aparecer la firma Ingenial Media. Se trata de la omisión de pagos por 931 millones de pesos a testigos electorales. Para efectuar dichos pagos Ingenial contrató con otra compañía llamada Matrix Giros y Servicios. Una fuente de la campaña sostiene que esos no son gastos de campaña sino posteriores y se basan en un concepto jurídico del abogado de la campaña, Jonathan Ramírez, quien por cierto fue nombrado en el gobierno Petro como secretario general del Departamento de Prosperidad Social (DPS), y renunció en medio de cuestionamientos por corrupción. Lo inexplicable es que en la campaña de 2018 del presidente Petro este costo de testigos sí fue integrado a los gastos de campaña y además recibieron reposición de gastos por parte del Estado. Me dice la fuente actual de la campaña que la gerente era otra, la doctora Blanca Inés Durán. Eso es cierto, pero el candidato era el mismo y, sin que hubiera cambiado la norma, declaró en una campaña lo que omitió en la siguiente.
La cuarta irregularidad es la Factura Refundida de Caracol Televisión. Una cuenta por algo más de 356 millones de pesos por publicidad en la primera vuelta, que solo fue reportada en la segunda. Como tuve ocasión de explicarlo ampliamente en la última columna de Los Danieles y en Twitter, los topes son distintos para primera y segunda. La campaña debe declararlos separadamente y con ese solo gasto se habrían violado los límites legales de gastos.
La quinta presunta ilegalidad saca otra vez el nombre de Ingenial Media. No fueron reportados 202 millones de pesos que recibió esa empresa para la operación de testigos de Vendrell. La plata venía de la campaña al Senado del Pacto Histórico que tuvo como representante legal al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Una transferencia de plata entre campañas que aparentemente no fue reportada conforme a las normas.
La sexta alegada ilegalidad: La campaña omitió reportar más de 1.200 millones de pesos por vuelos privados de aviones y un helicóptero pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué, SAS. Las facturas a Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, fueron anuladas y remplazadas por otras que disimulaban que las aeronaves realmente servían para el transporte del candidato y otros miembros de la campaña.
La séptima ilegalidad consiste en los informes contables de los aportes del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), por 121 millones de pesos. Esa plata fue entregada el viernes 27 de mayo, dos días antes de la primera vuelta, en transporte, combustible y alimentación. Es decir fueron gastos en efectivo para el día de elecciones.
En contexto:
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Ni Fecode, ni la USO, que son personas jurídicas, podían hacer aportes a la campaña presidencial. La norma establece que solo pueden hacerlo personas naturales.
Las presuntas irregularidades en la segunda vuelta superan los 1.600 millones de pesos y son cinco:
El alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria del presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. Ese valor fue reportado por 150 millones de pesos, pero costó $250 millones. La empresa TBL Live SAS expidió dos facturas. La primera a nombre de Ricardo Roa por $150 millones. La segunda por 100 millones a una empresa llamada Servi Red SAS. Las dos tienen como objeto la realización del evento del Pacto Histórico en el Coliseo pero solo una fue contabilizada. Los otros $100 millones fueron omitidos.
