Fiscalía suspende órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación ha suspendido las órdenes de captura contra varios jefes del Clan del Golfo, incluidos Orozman Orlando Ostén, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez, y alias Andrey Avendaño, de las disidencias de las FARC que aún mantienen diálogo con el Gobierno. Esta medida se toma en el contexto de una conversación sociojurídica entre el Gobierno y la organización criminal, con el objetivo de lograr un sometimiento a la justicia.
Suspenden órdenes de capturas
Orozman Orlando Ostén, conocido como Rodrigo Flechas, es uno de los líderes del Clan del Golfo bajo el mando de Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien no está incluido en la suspensión de órdenes de captura. Álvaro Jiménez Millán, coordinador del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo, evitó confirmar si ‘Chiquito Malo’ está incluido en la resolución, mencionando que existen otros nombres para corroborar como representantes del grupo.
Desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, el Clan del Golfo ha solicitado repetidamente una mesa de negociación con el Gobierno, una propuesta que el Ejecutivo había evitado debido a diferencias en el enfoque de las negociaciones. El Gobierno busca un sometimiento a la justicia en lugar de un reconocimiento político, como el que se ha ofrecido a otros grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, debido a la implicación del Clan del Golfo en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
A pesar de su deseo de una negociación política similar a la que se lleva a cabo con otros grupos, el Clan del Golfo, que recientemente se autodenominó Ejército Gaitanista en referencia al líder político Jorge Eliécer Gaitán, sigue presionando por una solución que incluya reconocimiento político. Este grupo, anteriormente conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene orígenes paramilitares y surgió de antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El proceso actual se orienta hacia un sometimiento de la banda a la justicia en lugar de un acuerdo político de paz, reflejando un enfoque diferente en las negociaciones con grupos armados en Colombia. La suspensión de las órdenes de captura marca un paso en esta dirección, en medio de un complejo contexto de diálogo y negociación.
