Consejo de Estado revoca sanción a Rodolfo Hernández por incidente con concejal
En 2019 el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, fue suspendido e inhabilitado por la Procuraduría por haber golpeado al exconcejal Jhon Jairo Claro.
El Consejo de Estado tumbo este lunes 11 de marzo la sanción impuesta en 2019 de inhabilidad por 8 meses, por la Procuraduría General de la República contra, en ese entonces, Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, luego del incidente en el que Hernández golpeó al concejal Jhon Jairo Claro Arévalo, ante las acusaciones que este lanzo contra el hijo del mandatario sobre presuntos contratos con la empresa de aseo Vitalogic.
El alto tribunal ha revocado la sanción emitida por la Procuraduría, fundamentándose en que Hernández fue elegido popularmente y, por lo tanto, el Ministerio Público no tenía competencia para sancionarlo, según lo estipula una sentencia internacional. Este revés legal para la Procuraduría implica la nulidad de los actos administrativos que habían sido impuestos al exalcalde, incluyendo la sanción económica de 124 millones de pesos.
La decisión del Consejo de Estado contradice el fallo previo del Tribunal Administrativo de Santander, que inicialmente negó la suspensión de la sanción basándose en el Caso Petro y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el alto tribunal consideró que la sanción era inaplicable debido a la condición de Hernández como servidor público elegido por voto popular.
Es importante destacar que, a pesar de esta resolución a favor de Hernández, aún enfrenta otra sanción pendiente por parte de la Procuraduría. En 2023, fue sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años, debido a irregularidades en un proceso contractual relacionado con la adquisición de tecnología de aseo para Bucaramanga, en el cual se benefició a su hijo.
La Procuraduría ha determinado que Hernández utilizó su influencia para favorecer a la empresa Vitalogic RSU, en la que su hijo tenía intereses financieros. Estos hallazgos fueron confirmados tras una investigación que reveló reuniones estratégicas entre Hernández y representantes de la compañía, evidenciando un posible conflicto de interés.
La resolución del Consejo de Estado respecto a la sanción por el incidente con el concejal marca un hito en la jurisprudencia sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, y refuerza la importancia del respeto a los derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular.
