Gratuidad educativa por un país justo y seguro
Por: Carlos Ordosgoitia Sanin
La educación es la base fundamental para lograr cambios profundos y trascendentes en nuestra sociedad y es menester indicar que no solo es fuente de sabiduría y expansión de los conocimientos y habilidades, sino que es uno de los primeros eslabones de la fuerza laboral y económica de los países, además de convertirse en un factor determinante en la disminución de los indicadores de violencia intrafamiliar, pobreza, embarazos en adolescentes e informalidad.
Estamos en un momento crucial en el que existe la imperiosa necesidad de que el Gobierno Nacional en concordancia con los gobiernos regionales centren sus esfuerzos en el aumento de la cobertura y el acceso, en especial de los jóvenes de zona rural y de estratos 1 y 2.
Según las cifras del DANE, 4 de cada 10 estudiantes que terminan el bachillerato logran acceder a la educación superior y de acuerdo a las estadísticas del Snies del Ministerio de Educación, la tasa de cobertura bruta en educación superior es del 54,9 % y la tasa de tránsito inmediato del 41 %.
Colombia requiere un vuelco educativo importante, en el que se abran, en mayor proporción, las puertas de la educación pública a las comunidades menos favorecidas. Los millones de bachilleres que se gradúan de las Instituciones Educativas Oficiales requieren de ofertas gratuitas que garanticen su continuidad en el sistema educativo, de lo contrario seguiremos perdiendo mentes brillantes y grandes talentos, que desafortunadamente por falta de oportunidades terminan en la desesperanza del reclutamiento de bandas delicuenciales o sumidos en la drogadicción y el ostracismo.
Esta problemática que se ha convertido en un rezago histórico en nuestro país, no puede continuar sin solución de fondo, considerando que la educación además de proveer conocimiento, enriquecimiento cultural y espiritual, valoriza nuestra condición humana. Así las cosas, se hace necesario procurar alianzas estratégicas entre las fuerzas vivas de la Nación, entidades públicas y privadas, con el fin supremo de diseñar estrategias encaminadas a fortalecer la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes en plena etapa de formación.
Precisamente, de esa lamentable situación y debido a la baja oferta de educación sin ningún costo, surgió nuestra apuesta de un Centro Integrado de Servicios como la Universidad del Sur, un lugar pensado para que los bachilleres del sur, el occidente y la zona rural cuenten con un sitio digno en el que las universidades públicas oferten sus programas.
Montería ganó mucho y estamos seguros de que una vez inaugurada la primera fase del proyecto y con la puesta en marcha del convenio que se selló con la Esap se lograrán los objetivos de aumentar la cobertura y mejorar el tejido social del municipio.
Es por eso que desde estas líneas invito a los alcaldes capitales del país a que repliquen este tipo de espacios y políticas públicas, en aras de brindar un empoderamiento real a los ciudadanos que les dé esperanza, felicidad y libertad, con el fin de que se desarrollen profesionalmente y aporten los conocimientos adquiridos en la consolidación de ciudades inteligentes, sostenibles, equitativas y seguras.
Todo cobra sentido cuando le apostamos a la educación como el eslabón más fuerte de la seguridad ciudadana porque estoy firmemente convencido que robusteciendo el sistema y brindando mayores oportunidades de formación técnica y profesional lograremos fortalecer nuestra democracia y construir un país educado y competitivo.
