Tras el asesinato de un fiscal paraguayo en el hotel Decameron resort Baru, la Procuraduría le solicitó al Alcalde de Cartagena la suspensión de actividades recreativas y de explotación comercial en Playa Blanca, Cholón y otras áreas
La solicitud la hizo la Procuraduría Provincial de Cartagena como parte de una acción preventiva, que inició un proceso de vigilancia y seguimiento, ante las reiteradas situaciones de inseguridad, que ocasionaron la muerte de una turista, los frecuentes accidentes, las fallas de las ambulancias acuáticas, los excesivos cobros e tarifas de servicios turísticos, bebidas y alimentos.
También se instruyó una vigilancia y seguimiento a las condiciones de salubridad e higiene en la zona, abuso a los consumidores, ruidos excesivos, accidentes e incidentes por tráfico de motonaves y afectaciones al medio ambiente.
En su comunicación al alcalde, la Procuraduría exhortó a extender la suspensión hasta que se garanticen las condiciones uso, lo que exige la caracterización y señalización de las playas, vigilancia y seguridad para las mismas, reglamentación del uso, regularización de las actividades, y la protección efectiva y real del medio ambiente en zonas de playa y bajamar, con la puesta en marcha de un plan de manejo ambiental.
Asimismo, instó a que exista una definición y control de la capacidad de carga de las playas, garantizando servicios de asistencia médica y de primeros auxilios, ambulancia marítima, servicios de rescate y guardavidas, protección efectiva de los usuarios de los servicios, control real de embarcaciones de turismo y motonaves de recreación, control sanitario efectivo, que incluya bebidas y alimentos.
