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MinTIC abre investigaciones contra Starlink, Claro, Tigo y Movistar por señales en las cárceles

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) puso bajo investigación a cinco empresas de telecomunicaciones por un posible incumplimiento de las normas que buscan restringir las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios del país. La medida pretende establecer si estas compañías adoptaron los controles necesarios para evitar que las personas privadas de la libertad utilicen servicios de internet y telefonía para realizar actividades ilegales desde las cárceles.

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MinTic anuncia que entre las empresas involucradas se encuentran Starlink Colombia, Partners Telecom (WOM), Colombia Telecomunicaciones (Movistar), Comunicación Celular (Claro) y Tigo. En el caso de Starlink, las autoridades encontraron seis antenas de esta compañía durante un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá. Además, las verificaciones técnicas detectaron conexiones a internet mediante sus redes wifi en cuatro centros penitenciarios: La Picota, Bellavista, Acacías y Las Heliconias.

La situación también quedó en evidencia durante las inspecciones realizadas en La Picota, donde fueron incautados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas satelitales y 38 módems, entre otros dispositivos electrónicos. Estos elementos representan un riesgo para la seguridad, debido a que pueden facilitar comunicaciones no autorizadas y permitir que desde los centros de reclusión se coordinen extorsiones y otras actividades delictivas.

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De acuerdo con el MinTIC, la legislación colombiana establece que los operadores deben adoptar medidas para atenuar o restringir las señales de telecomunicaciones en las cárceles. Si las investigaciones comprueban los incumplimientos, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión temporal de operaciones e incluso la cancelación de permisos o autorizaciones, según corresponda. El proceso se adelantará respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de las compañías.

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