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Corte Constitucional exige garantizar derechos de niños Wayuu antes del nuevo Plan de Desarrollo

El alto tribunal advirtió que las medidas para garantizar el acceso al agua potable, la salud y la alimentación en La Guajira para la comunidad wayuu no pueden seguir aplazándose. También ordenó identificar las obras que no funcionan, establecer una ruta de financiación y fortalecer el seguimiento a los recursos públicos destinados a las comunidades indígenas.

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La Corte Constitucional lanzó un nuevo llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten medidas concretas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayuu en La Guajira. El alto tribunal reiteró que las obligaciones relacionadas con el acceso al agua, la salud y la alimentación deben cumplirse desde ahora, sin esperar la aprobación del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, mediante el Auto 1541 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis. En el pronunciamiento, la Corte advirtió que, cerca de diez años después de declarar la existencia de una vulneración masiva de los derechos de la niñez Wayuu, todavía persisten dificultades estructurales que impiden garantizar condiciones dignas de vida para esta población.

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 Wayúu

Entre los principales problemas identificados se encuentran la falta de un plan de acción definitivo y con financiación asegurada, la ausencia de información unificada sobre las comunidades beneficiarias, las deficiencias de infraestructura para garantizar el suministro de agua y las dificultades institucionales para reconocer a los representantes de las autoridades tradicionales Wayuu.

Ante este panorama, la Corte exhortó al Congreso a incorporar en el próximo Plan Nacional de Desarrollo las obligaciones que siguen pendientes de cumplimiento en el marco de la Sentencia T-302 de 2017.

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Además, ordenó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda evaluar desde ahora las medidas necesarias para atender a las comunidades y establecer una ruta de financiación, siempre que las propuestas cuenten con respaldo técnico y viabilidad presupuestal.

“Primero, el Gobierno Nacional deberá entregar el 15 de diciembre una versión unificada del Plan Estructural de Acción. Segundo, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda deberán valorar desde ya esas medidas para el Plan Nacional de Desarrollo y construir una ruta de financiación”, explicó el magistrado Carlos Camargo Assis.

Uno de los aspectos centrales de la decisión está relacionado con las deficiencias en la infraestructura construida para garantizar el acceso al agua potable en las comunidades indígenas.

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La Corte ordenó realizar un inventario de las obras construidas o rehabilitadas desde 2017, con el propósito de establecer cuáles están funcionando, cuáles permanecen fuera de servicio y cuáles no están cumpliendo con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua.

A partir de ese diagnóstico, el Gobierno deberá identificar las causas de las fallas y diseñar un plan para recuperar la infraestructura que no está garantizando el suministro a las comunidades.

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La medida busca que las inversiones públicas se traduzcan en soluciones efectivas y que las obras ejecutadas no se conviertan en proyectos sin funcionamiento o sin impacto real en la calidad de vida de la población.

Otro de los puntos señalados por el alto tribunal tiene que ver con la necesidad de mejorar la vigilancia sobre los recursos públicos destinados a atender la situación de la población Wayuu.

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Por esa razón, ordenó fortalecer el seguimiento de los contratos a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), consolidar una matriz de inversiones y establecer mecanismos que permitan a las entidades compartir información sobre las acciones que desarrollan en los territorios.

La intención es que exista mayor claridad sobre los recursos asignados, las entidades responsables, los proyectos ejecutados y los resultados obtenidos en las comunidades wayuu beneficiarias.

La Corte también advirtió que la falta de información articulada entre las instituciones dificulta el seguimiento de las medidas y la evaluación de los avances frente a las órdenes impartidas desde 2017

En cuanto a la representación de las comunidades, el tribunal solicitó al Ministerio del Interior presentar un cronograma para avanzar en el reconocimiento y registro de las autoridades tradicionales, así como en la designación de delegados Wayuu.

También pidió establecer criterios públicos y transparentes para seleccionar las comunidades que recibirán los beneficios de los programas estatales.

La Corte hizo énfasis en que no se puede excluir a las comunidades que todavía no cuentan con un representante formalmente reconocido, pues esa circunstancia administrativa no puede convertirse en una barrera para acceder a los derechos fundamentales.

Por su parte, la Consejería Presidencial para las Regiones deberá presentar una ruta de trabajo que precise los responsables, las actividades y la fecha definitiva para adoptar el Plan Estructural de Acción.

El alto tribunal recordó que en mayo de 2027 se cumplirán diez años de la expedición de la Sentencia T-302 de 2017. Por esa razón, advirtió que, si la aprobación del plan se produce después de esa fecha, el Gobierno deberá justificar las razones de la demora.

Uno de los mensajes más importantes de la decisión es que las obligaciones relacionadas con la atención inmediata de los niños Wayuu continúan vigentes y no pueden quedar condicionadas a la aprobación de nuevos instrumentos de planeación.

“Las órdenes de atención inmediata en agua, salud y alimentación siguen siendo exigibles hoy, sin esperar el plan de acción, ni el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló el magistrado Carlos Camargo Assis.

Con esta precisión, la Corte dejó claro que la construcción de una nueva hoja de ruta institucional no suspende las responsabilidades que ya fueron establecidas mediante decisiones judiciales.

Finalmente, el tribunal exigió que las entidades responsables demuestren resultados concretos en las condiciones de vida de los niños y niñas Wayuu. También ordenó divulgar el contenido de la decisión en wayuunaiki, tanto de manera oral como escrita, en los cuatro municipios afectados.

La determinación busca que las comunidades conozcan las órdenes judiciales y puedan hacer seguimiento a su cumplimiento.

Con este nuevo pronunciamiento, la Corte Constitucional insiste en que la garantía de los derechos fundamentales de la niñez Wayuu requiere acciones verificables, recursos suficientes, coordinación institucional y soluciones que lleguen efectivamente a los territorios. El desafío para el Gobierno y el Congreso será incorporar las obligaciones pendientes en la planeación nacional sin convertir ese proceso en una nueva razón para aplazar la atención que necesitan las comunidades.

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