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Exministro de Defensa defiende gestión del Gobierno Petro frente al escudo nacional antidrones

La controversia por el desarrollo del escudo nacional antidrones en Colombia continúa generando reacciones. El exministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó las afirmaciones del actual jefe de esa cartera, el general en retiro Jorge Enrique Mora, quien señaló al Gobierno de Gustavo Petro de haber bloqueado la adquisición directa de sistemas antidrones para fortalecer la protección de los integrantes de la Fuerza Pública frente a los ataques de grupos armados ilegales.

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La discusión se originó durante un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde el ministro Mora cuestionó las decisiones adoptadas por la anterior administración y aseguró que la centralización del proceso de compra impidió que las unidades militares y policiales adquirieran directamente equipos como inhibidores de señales y otros dispositivos para contrarrestar las amenazas aéreas.

Según el actual ministro, mientras avanzaba el proyecto del escudo nacional antidrones y se contemplaba una inversión millonaria, las organizaciones armadas ilegales fortalecieron sus capacidades tecnológicas y aumentaron la adquisición de estos dispositivos.

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Frente a estos señalamientos, Pedro Sánchez aseguró que durante su administración nunca se suspendió la adquisición de capacidades antidrones. Por el contrario, explicó que el proceso venía desarrollándose desde años anteriores y continuó durante el Gobierno Petro, aunque bajo una estrategia de centralización de las compras.

El exministro indicó que, mediante una circular expedida el 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa estableció una ruta para avanzar en la adquisición de un sistema integral de defensa contra drones. La decisión, según explicó, buscaba evitar que las diferentes unidades realizaran compras independientes y sin coordinación entre sí.

El exministro defendió esta determinación al señalar que respondía a los principios de planeación de la contratación estatal y permitía aprovechar las economías de escala para conseguir mejores precios, además de garantizar que los equipos adquiridos fueran compatibles con las necesidades operacionales de la Fuerza Pública.

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Uno de los principales argumentos del exministro para justificar que no se concretara la compra fue el resultado de las evaluaciones tecnológicas realizadas durante el proceso.

De acuerdo con su explicación, las diferentes alternativas fueron examinadas por comités estructuradores liderados por un brigadier general del Ejército e integrados por personal militar y policial en servicio activo.

Las pruebas se realizaron en siete países y también en territorio colombiano, con el propósito de determinar cuáles soluciones podían responder efectivamente a las necesidades de las tropas y ofrecer una protección adecuada frente a los ataques con drones.

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Sin embargo, ninguna de las tecnologías evaluadas cumplió con la totalidad de los requerimientos técnicos y operacionales establecidos por la Fuerza Pública.

Por esta razón, durante la administración de Sánchez no se firmó ningún contrato para ejecutar la primera fase del escudo nacional antidrones, cuyo presupuesto contemplaba una inversión de 800.000 millones de pesos.

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El exministro también aclaró que esos recursos no habían sido asignados al Ministerio de Defensa para concretar la adquisición y que la responsabilidad de avanzar con la ejecución de esa primera etapa quedó en manos del nuevo Gobierno.

En su defensa, Sánchez insistió en que negarse a contratar equipos que no cumplen las condiciones exigidas no puede interpretarse como un bloqueo a la compra.

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“Adquirir equipos que no cumplen esos requerimientos es poner en riesgo a nuestros hombres y mujeres”, argumentó, al explicar que la prioridad debía ser garantizar que las soluciones tecnológicas realmente respondieran a las amenazas que enfrentan los soldados y policías en el territorio nacional.

El exministro también sostuvo que, mientras avanzaban los estudios para estructurar el proyecto integral, la Fuerza Pública continuó fortaleciendo sus capacidades para enfrentar los ataques con drones.

Según explicó, durante ese periodo llegaron equipos antidrones que habían sido adquiridos con anterioridad y se avanzó en el desarrollo de capacidades propias para contrarrestar estos dispositivos.

A estas medidas se sumaron ajustes en las tácticas, técnicas y procedimientos utilizados por los uniformados para detectar, inhibir y enfrentar las amenazas provenientes de aeronaves no tripuladas.

El exministro aseguró que estas acciones permitieron inhibir la gran mayoría de los intentos de ataque, de acuerdo con los registros correspondientes al primer semestre de 2026.

De esta manera, el exministro buscó desvirtuar la afirmación de que la centralización de las adquisiciones hubiera dejado desprotegidas a las unidades militares y policiales frente al crecimiento de las capacidades tecnológicas de los grupos armados ilegales.

Otro de los puntos centrales de la respuesta de Pedro Sánchez fue la continuidad del escudo nacional antidrones, una iniciativa cuyo valor total supera los 6,2 billones de pesos y que busca establecer una capacidad integral para enfrentar las amenazas asociadas al uso de drones en Colombia.

El exministro aseguró que, pese a que el Gobierno entrante suspendió el proceso de empalme, la anterior administración dejó documentada la hoja de ruta para continuar con el desarrollo del proyecto.

Según indicó, las recomendaciones y los pasos pendientes quedaron consignados en el informe de empalme, el informe de gestión y el acta de entrega del Ministerio de Defensa.

Dentro de las tareas establecidas estaba gestionar los recursos necesarios, tomando como referencia los resultados del estudio de vigilancia tecnológica adelantado por los comités estructuradores, con el objetivo de ejecutar la primera fase del proyecto a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Sánchez también recordó que durante su administración se radicó por segunda vez ante el Congreso de la República el proyecto de ley de drones y antidrones, una iniciativa orientada a establecer herramientas normativas frente al crecimiento de esta amenaza.

No obstante, manifestó que hasta el momento no se conocen públicamente avances sobre el trámite de esa propuesta legislativa.

Finalmente, el exministro advirtió que la amenaza que representan los drones utilizados por organizaciones criminales y grupos armados requiere decisiones fundamentadas en criterios técnicos, planeación y continuidad institucional.

La controversia deja sobre la mesa dos posiciones frente al mismo proyecto: mientras el actual ministro cuestiona que la centralización de las compras haya limitado la capacidad de respuesta de las unidades, su antecesor sostiene que la decisión evitó adquisiciones inadecuadas y que el proyecto quedó estructurado para que el nuevo Gobierno avanzara en su ejecución.

 

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