El oscuro prontuario del exfuncionario de la DNI investigado por manipular notas en la UNAD
Carlos Andrés Oyola Tovar fue enviado a prisión mientras avanza una investigación de la Fiscalía que lo vincula con una presunta red dedicada a alterar calificaciones, registros académicos y movimientos financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Un escándalo por presuntas irregularidades académicas y financieras tiene bajo investigación a Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien quedó bajo medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en una estructura que habría manipulado información de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
La captura se produjo el viernes 6 de noviembre, durante un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar. Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó su reclusión mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, entre 2017 y 2023 habría operado una red dedicada a modificar registros académicos y financieros dentro de la institución universitaria UNAD. La presunta estructura habría contado con personas que tenían acceso a los sistemas internos de la universidad y con intermediarios que contactaban a estudiantes interesados en obtener beneficios mediante la alteración de sus historiales.
Oyola Tovar es señalado de cumplir un papel de enlace y coordinación dentro de este entramado. Según la hipótesis de la Fiscalía, no solamente habría obtenido beneficios personales, sino que también habría facilitado que otros estudiantes accedieran a modificaciones irregulares en sus registros.
Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con una auditoría realizada al historial académico del exfuncionario.
El análisis permitió identificar 41 inconsistencias entre las calificaciones asignadas por los docentes en el campus virtual y aquellas que aparecían almacenadas en las tablas administrativas de la UNAD.
Según la Fiscalía, algunas asignaturas que inicialmente figuraban con calificaciones de cero habrían sido modificadas posteriormente hasta alcanzar puntajes superiores a 4,0.
Estas diferencias despertaron sospechas sobre posibles intervenciones no autorizadas en los sistemas informáticos de la institución y sobre la manera en que se habrían obtenido determinados resultados académicos en la UNAD.
La investigación también identificó comunicaciones y contactos directos entre Oyola Tovar y estudiantes de la UNAD cuyos historiales presentaban anomalías. Para el ente acusador, estos elementos serían relevantes para establecer cómo funcionaba la presunta red, quiénes participaban y cuál habría sido el papel específico de cada involucrado.
El caso no se limita a las modificaciones de calificaciones. La Fiscalía también puso bajo la lupa una serie de movimientos relacionados con pagos de matrícula que superarían los 35 millones de pesos.
De acuerdo con el material presentado durante las audiencias, estos recursos aparecían respaldados mediante registros manuales a nombre del investigado, pero no tendrían correspondencia con la información almacenada en los sistemas oficiales de tesorería de la UNAD.
Esta situación abrió nuevos interrogantes sobre el manejo de los recursos, la posible existencia de registros paralelos y los mecanismos que se habrían utilizado para justificar los pagos.
Los investigadores buscan establecer si estas operaciones financieras estaban relacionadas con las presuntas alteraciones académicas y si otras personas habrían participado en el esquema.
Otro de los puntos centrales del expediente tiene que ver con los títulos académicos que habría obtenido Oyola Tovar.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el exfuncionario habría tramitado y conseguido títulos de pregrado como ingeniero de sistemas y de especialista en gestión pública utilizando historiales académicos que ahora son objeto de cuestionamiento.
Las autoridades buscan determinar si las presuntas modificaciones en las calificaciones y los registros financieros fueron determinantes para que pudiera completar sus procesos de formación y obtener las respectivas titulaciones.
El caso también plantea interrogantes sobre los controles internos de la institución y los mecanismos de seguridad utilizados para proteger la información académica y financiera de sus estudiantes en la UNAD.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó los elementos que, a su juicio, relacionarían al investigado con las presuntas alteraciones y con otros estudiantes cuyos registros presentaban inconsistencias.
Tras evaluar los argumentos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Entre las razones expuestas para adoptar esta decisión se encuentran el riesgo de fuga y la posibilidad de que su condición de antiguo servidor público pudiera representar un peligro para el desarrollo de la investigación.
La decisión busca garantizar que el proceso avance mientras los investigadores continúan recopilando pruebas y estableciendo el alcance de las presuntas irregularidades.
Por ahora, el expediente sigue en desarrollo y las acusaciones corresponden a hipótesis de la Fiscalía que deberán ser debatidas ante la justicia.
La responsabilidad penal de Carlos Andrés Oyola Tovar tendrá que determinarse en las etapas judiciales correspondientes, bajo el principio de presunción de inocencia.