¡ALERTA POR LOS DRONES EXPLOSIVOS! Grupos armados estarían ganando ventaja sobre la Fuerza Pública en Colombia
El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad en Colombia. La modalidad ha transformado las dinámicas del conflicto armado y, según expertos, evidencia un rezago del Estado en su capacidad de respuesta.
Javier Flores, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advirtió que las autoridades no reaccionaron oportunamente frente a esta amenaza, pese a que desde 2018 existían señales del interés de las organizaciones armadas por incorporar estos dispositivos a sus operaciones.
Las cifras presentadas por el experto reflejan el crecimiento de esta modalidad. Colombia pasó de registrar dos ataques ofensivos con drones en 2023 a más de 170 en 2024, más de 270 en 2025 y más de 320 durante 2026.
De acuerdo con Flores, el 95 % de los casos se concentra en cinco departamentos y más del 90 % se atribuye al ELN y al Estado Mayor Central, estructura que representa cerca del 70 % de los ataques.
“Hoy no solamente está en disputa el dominio aéreo, sino que nos están ganando la partida”, afirmó el director de la FIP, quien explicó que los drones no solo se utilizan para lanzar explosivos, sino también para labores de vigilancia, inteligencia y control territorial.
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Flores cuestionó que la respuesta del Estado se haya concentrado principalmente en la adquisición de equipos, sin desarrollar de manera integral las capacidades humanas, operativas y estratégicas necesarias para enfrentar esta modalidad de ataque.
Según explicó, combatir esta amenaza requiere formación especializada, inteligencia, recursos operativos y una doctrina que permita aprovechar adecuadamente la tecnología disponible.
El panorama también genera preocupación por sus consecuencias humanas. El experto señaló que los ataques con drones han dejado más de 500 víctimas entre integrantes de la Fuerza Pública y civiles. Además, advirtió sobre el impacto psicológico que representa para los uniformados permanecer en instalaciones militares bajo una amenaza constante.
Entre las medidas inmediatas, Flores planteó reforzar físicamente las bases militares más expuestas mediante sistemas de protección, como mallas especializadas.
También consideró necesario desarrollar un sistema nacional antidrones, aunque aclaró que esta tecnología no representa una solución inmediata ni definitiva. Advirtió que algunos dispositivos, especialmente los que utilizan fibra óptica, pueden evadir los inhibidores convencionales.
Por esta razón, sostuvo que las respuestas deben adaptarse a las condiciones geográficas y operativas de cada territorio.
El director de la FIP también pidió fortalecer la protección de la población civil en los 116 municipios ubicados en 14 zonas de disputa, frenar la expansión de los grupos armados y debilitar sus economías criminales mediante inteligencia financiera.
Finalmente, insistió en que recuperar el control territorial no depende exclusivamente de aumentar el pie de fuerza, sino de garantizar una presencia integral del Estado en las regiones afectadas.
“Esto no es solamente más Fuerza Pública. Esto es un Estado funcional que le dispute la gobernanza a estos tipos en los territorios”, concluyó.