Trabajadores de la Rama Judicial se suman al paro nacional del 19 de noviembre
La crisis presupuestal que enfrenta el sistema judicial colombiano llevará a trabajadores de la Rama Judicial a sumarse al paro nacional convocado para el próximo jueves 19 de noviembre, una movilización en la que diferentes organizaciones sindicales expresarán su rechazo a medidas económicas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Sandra Paredes, presidenta de Asonal Judicial en Cúcuta y tesorera nacional de la organización, explicó que una de las principales preocupaciones es la falta de recursos para garantizar el funcionamiento de la justicia. Según la dirigente, la Rama Judicial necesitaba $17,5 billones, pero recibió una asignación de $11,4 billones, lo que representa una diferencia de $6,1 billones frente a los recursos solicitados.
La situación también afecta a la Fiscalía General de la Nación, que, de acuerdo con las cifras expuestas por el sindicato, presenta un faltante de $1,5 billones. A esto se suman las dificultades para atender obligaciones laborales, garantizar bonificaciones judiciales y disponer del personal suficiente para responder a la cantidad de procesos.
Paredes advirtió que en Cúcuta hay menos de 100 fiscales y que algunos funcionarios deben asumir hasta 1.500 procesos y 600 juicios orales, una carga laboral que, según la organización sindical, afecta la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Como parte de la protesta, los trabajadores anunciaron una concentración en el Palacio de Justicia de Cúcuta, donde, según la dirigente, no se permitirá el acceso al público durante la jornada del 19 de noviembre. La movilización también estará marcada por el rechazo sindical a la Ley de Rescate Económico, iniciativa con la que el Gobierno busca realizar ajustes fiscales para enfrentar la situación de las finanzas públicas.
Con esta participación, los trabajadores judiciales buscan llamar la atención sobre la necesidad de mayores recursos, mejores condiciones laborales y soluciones a la congestión de procesos que afecta la prestación del servicio de justicia en el país.