Fiscalía acusa a exministra María Isabel Urrutia por presuntas irregularidades en contrato
La exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la celebración de un convenio interadministrativo relacionado con la implementación de un sistema de validación para el ingreso a los estadios de fútbol en Colombia. La acusación fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le atribuye los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Según la investigación, cuando Urrutia estaba al frente del Ministerio del Deporte, esa cartera tenía la responsabilidad de poner en marcha una herramienta tecnológica que permitiera relacionar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios deportivos, además de verificar antecedentes para impedir la entrada de personas con restricciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la exministra habría contratado de manera directa, mediante un convenio interadministrativo con Aldesarrollo, el análisis de implementación de ese sistema, por un valor superior a los 4.950 millones de pesos.
La Fiscalía asegura que en ese proceso se habrían desconocido normas que exigían garantizar la pluralidad de oferentes. Además, indicó que las evidencias recopiladas apuntarían a que el convenio condicionó la subcontratación de una persona o empresa específica, con quien presuntamente ya se habría acordado previamente la ejecución del proyecto. A esto se suman observaciones sobre la etapa precontractual, en la que, al parecer, no se realizaron estudios de mercado ni procedimientos suficientes para determinar el valor real del negocio jurídico y de las actividades contempladas.
Otro de los puntos clave de la acusación es que, de acuerdo con la Fiscalía, María Isabel Urrutia habría ignorado advertencias hechas por funcionarios de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte, quienes alertaron sobre posibles vicios e ilegalidades en la contratación. Pese a ello, el convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 2022. La entidad también sostiene que en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación habrían sido consignados hechos que no correspondían con la verdad, lo que ahora agrava la situación judicial de la exministra.