¡EL FIN DE LAS CORBATAS! Ley de Rescate disminuye el 50% de las OPS y el 20% de la nómina del gobierno
Miles de contratos de prestación de servicios y parte del gasto en personal del Estado quedarían bajo revisión con la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La propuesta busca reducir el gasto público en $45 billones y contempla cambios tributarios para altos funcionarios.
Un fuerte ajuste al funcionamiento del Estado colombiano se plantea con la Ley de Rescate Económico, iniciativa radicada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que propone reducir los contratos por órdenes de prestación de servicios (OPS) y el gasto en nómina pública, como parte de un plan para enfrentar las dificultades fiscales del país.
Uno de los puntos que más llama la atención es la propuesta de recortar en un 50 % las OPS durante 2027 y disminuir en un 20 % el gasto de nómina estatal para 2028, con una excepción prevista para la Fuerza Pública. De acuerdo con las cifras presentadas, esta última medida permitiría ahorrar cerca de $9,6 billones en 2028.
La iniciativa contempla un ajuste fiscal de $45 billones, de los cuales entre $30 y $35 billones corresponderían a reducciones del gasto del propio Gobierno. El propósito anunciado es disminuir la presión sobre las finanzas públicas y evitar un escenario de incumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.
El proyecto también plantea medidas para reorganizar entidades públicas y controlar otros gastos del Estado. Según el Gobierno, estas decisiones buscan corregir el crecimiento de la contratación y del gasto administrativo. Sin embargo, los recortes podrían afectar a contratistas y al funcionamiento de algunas entidades, dependiendo de cómo se implementen.
Otra de las propuestas consiste en modificar el tratamiento tributario de determinados ingresos de altos funcionarios públicos, entre ellos magistrados, jueces, fiscales y rectores de universidades estatales, con el objetivo de revisar beneficios y exenciones contemplados en el impuesto sobre la renta.
La iniciativa también genera debate por su componente tributario. Aunque el Ejecutivo defiende la austeridad como una de sus principales apuestas, análisis independientes advierten que una parte importante del ajuste fiscal dependería de nuevos ingresos tributarios, incluidos cambios en el IVA y en el impuesto de renta.
Por ahora, los recortes no están aprobados. La Ley de Rescate Económico fue radicada el 29 de octubre y deberá superar su trámite en el Congreso antes de entrar en vigor. De convertirse en ley, sus disposiciones podrían transformar la contratación pública y el gasto de personal del Estado durante los próximos años.