Senado aprueba la Ley de Sometimiento y ahora la decisión está en manos de la Cámara
El Senado de la República aprobó este martes 3 de noviembre la Ley de Sometimiento, una iniciativa que establece las condiciones jurídicas para que los grupos armados ilegales y las estructuras criminales puedan abandonar sus actividades delictivas, someterse a la justicia y acceder a determinados beneficios. El proyecto obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra y ahora enfrenta su discusión definitiva en la Cámara de Representantes.
La aprobación se produjo en medio de la presión por los tiempos legislativos, pues este martes era la fecha límite para avanzar en el trámite de la iniciativa. Una vez la Cámara termine de discutir y votar el articulado, deberá realizarse la conciliación entre ambas corporaciones, prevista para este miércoles. Si se logra un acuerdo sobre el texto definitivo, el proyecto será enviado a sanción presidencial.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico para el sometimiento de organizaciones criminales, con condiciones que permitan su desarticulación y la desvinculación de sus integrantes de las actividades ilegales. Asimismo, sus promotores la presentan como una alternativa para desmontar el modelo de paz total impulsado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro y establecer nuevas reglas para enfrentar a las estructuras armadas al margen de la ley.
Tras la votación en el Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, defendió la aprobación del proyecto y aseguró que el país necesita instrumentos jurídicos que permitan combatir las organizaciones criminales, garantizar que sus integrantes respondan ante la justicia y proteger a las víctimas.
“Colombia necesita herramientas jurídicas eficaces para combatir y desmantelar las estructuras criminales, garantizar que quienes delinquen respondan ante la justicia, proteger a las víctimas y recuperar la seguridad de millones de familias”, manifestó Henríquez.
En la misma línea se pronunció el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien se desempeñó como coordinador ponente de la iniciativa. El congresista destacó que la aprobación representa un mensaje sobre la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Para Cadavid, el alcance del proyecto va más allá de establecer condiciones para que los integrantes de las organizaciones ilegales abandonen las armas. Según explicó, el propósito también es reafirmar el papel de la Constitución y las instituciones colombianas como fundamento de cualquier proceso de sometimiento.
“Es la base para proteger a las instituciones colombianas”, señaló el senador al referirse al contenido de la iniciativa. Además, sostuvo que el proceso debe entenderse como un acogimiento a la Constitución y no solamente como un sometimiento a la ley.
“Más que un sometimiento a la ley, es un acogimiento a la Constitución”, agregó Cadavid durante la discusión.
Mientras el Senado aprobaba el proyecto, la Cámara de Representantes continuaba con el debate del articulado, en una jornada marcada por la premura de los tiempos y las controversias alrededor del procedimiento legislativo.
Los representantes fueron citados incluso durante el lunes festivo para avanzar en la discusión y evitar que la iniciativa quedara sin posibilidad de completar su trámite dentro del calendario establecido.
Sin embargo, el debate estuvo acompañado de cuestionamientos por una supuesta doble votación de la ponencia positiva del proyecto. La situación generó interrogantes sobre la posibilidad de que se hubiera presentado un vicio de procedimiento que pudiera afectar la legalidad del trámite.
El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático y ponente de la iniciativa en la Cámara, rechazó esos señalamientos y aseguró que no existieron irregularidades en la discusión.
“En Cámara de Representantes no ha habido ningún vicio. Claro, hubo una votación apresurada que se hizo”, afirmó el congresista.
Briceño también explicó que la ponencia había sido presentada previamente en dos bloques y que sí se realizó su respectiva sustentación ante los integrantes de la corporación. Según indicó, la exposición se extendió durante más de 20 minutos, por lo que consideró que no hubo ausencia de sustentación.
“Ahí presenté como tal la ponencia que ya se había presentado en dos bloques, así que los que dicen que no hubo sustentación de la ponencia se equivocan porque sí hubo por más de 20 minutos en los que se realizó. Ese vicio como tal no existe”, manifestó.
El proyecto establece las condiciones bajo las cuales las organizaciones armadas ilegales y las estructuras criminales podrían desvincularse de sus actividades delictivas, entregar las armas y someterse a la justicia. A cambio, contempla la posibilidad de acceder a determinados beneficios, siempre dentro de las condiciones jurídicas que establezca el articulado.
Uno de los propósitos centrales es contar con herramientas legales para facilitar el desmantelamiento de estas estructuras, establecer responsabilidades judiciales para sus integrantes y avanzar en la protección de las víctimas.
La iniciativa también representa un cambio frente al enfoque de paz total que caracterizó la política del gobierno de Gustavo Petro, pues sus impulsores plantean un esquema con reglas específicas para el sometimiento de las organizaciones criminales ante las autoridades judiciales.
No obstante, el proyecto todavía debe superar la discusión en la Cámara de Representantes y la posterior conciliación entre Senado y Cámara. Estos pasos serán determinantes para establecer el texto definitivo que podría llegar a sanción presidencial.
Con 57 votos a favor y 24 en contra, el Senado ya dio su aprobación. Ahora, la atención está puesta en la Cámara de Representantes, donde deberá definirse si la iniciativa consigue completar su trámite legislativo dentro del plazo previsto y convertirse en ley de la República.