¿Se cae la Paz Total? Congreso enfrenta una jornada definitiva para aprobar la ley
Senado y Cámara avanzan contrarreloj para aprobar y conciliar el proyecto de ley antes de la medianoche. El representante Daniel Briceño confirmó que se destrabaron algunos puntos de la discusión y explicó las condiciones acordadas para los beneficios judiciales a testaferros, entre ellas el cumplimiento de seis años de prisión y la entrega de la totalidad de los bienes.
El proyecto de Ley de Sometimiento enfrenta una jornada decisiva en el Congreso de la República. La iniciativa, que contempla modificaciones y la prórroga de la Ley de Orden Público, debe superar los debates pendientes en Senado y Cámara, además de completar su proceso de conciliación antes del vencimiento del plazo legal.
La discusión se desarrolla en medio de una carrera contra el reloj, debido a que la falta de aprobación de la iniciativa podría dejar al Gobierno sin el marco jurídico que necesita para avanzar en los procesos de sometimiento de organizaciones armadas ilegales y mantener algunas de las herramientas contempladas en la política de Paz Total.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático y coordinador ponente del proyecto de ley, Daniel Briceño, explicó en entrevista con Mañanas Blu que, pese a las dificultades del trámite legislativo, durante la última sesión se consiguieron avances importantes.
“Logramos aprobar tres artículos, pero ojo, logramos salir de un número grande de proposiciones que pedían suprimir todos los artículos, que era un volumen altísimo”, manifestó el congresista.
Uno de los asuntos que ha concentrado mayor atención durante las negociaciones es el tratamiento penal de los terceros e intermediarios vinculados con economías ilícitas, particularmente los denominados testaferros. Frente a los cuestionamientos sobre los posibles beneficios judiciales para estas personas, Briceño explicó que se acordaron condiciones más exigentes para acceder a una eventual suspensión de la reclusión.
Según el representante, los testaferros deberán cumplir al menos seis años de prisión antes de que pueda evaluarse la posibilidad de suspender su permanencia en un establecimiento carcelario. Además, tendrán que entregar la totalidad de los bienes relacionados con las actividades ilícitas.
“Solamente cuando paguen seis años de cárcel se podrá entrar a revisar si los testaferros pueden suspender o no el tema de la reclusión en prisión. Y además entregando todos los bienes, absolutamente todos los bienes”, señaló.
El congresista insistió en que la entrega de activos será una condición indispensable para estudiar cualquier beneficio. “Si no hay entrega de bienes, no hay como tal suspensión”, advirtió.
Otro de los obstáculos que ha enfrentado el proyecto es el volumen de proposiciones presentadas durante las discusiones en el Legislativo. De acuerdo con Briceño, se radicaron más de 400 propuestas, algunas de ellas orientadas a eliminar la totalidad del articulado.
El representante consideró que este número de iniciativas ha generado dificultades para avanzar en la votación y calificó la situación como una posible estrategia de dilación. No obstante, reconoció que la presentación de proposiciones hace parte de las garantías del debate democrático.
“Yo creo que 400 proposiciones representan una estrategia de dilación, pero vea, estamos en democracia”, afirmó.
Para intentar evacuar los artículos pendientes, los coordinadores ponentes de ambas corporaciones, Hernán Cadavid en el Senado y Daniel Briceño en la Cámara, han mantenido reuniones y jornadas de trabajo con representantes del Ejecutivo.
En esa articulación también participa el ministro Cancino, quien, según explicó Briceño, está asumiendo funciones relacionadas con las carteras del Interior y de Justicia.
El congresista aseguró que los equipos técnicos trabajan para resolver las diferencias y conseguir que los textos aprobados por Senado y Cámara puedan coincidir en una versión definitiva.
Asimismo, descartó que existan irregularidades en el procedimiento legislativo que puedan comprometer la constitucionalidad de la iniciativa ante la Corte Constitucional. Según su explicación, el debate de la ponencia mayoritaria se ha desarrollado respetando las disposiciones reglamentarias del Congreso.
El principal riesgo de no completar el trámite dentro del plazo establecido es que expire la prórroga de la Ley de Orden Público, Ley 418 de 1997, que constituye uno de los instrumentos jurídicos para adelantar acercamientos y procesos de negociación con organizaciones armadas ilegales.
La iniciativa busca establecer condiciones para que determinados grupos criminales puedan abandonar las armas y someterse a la justicia, mediante mecanismos jurídicos que contemplen eventuales beneficios penales y obligaciones de reparación y entrega de activos.
Briceño advirtió que, si el proyecto no consigue superar los debates y la conciliación, el Gobierno tendría que presentar una nueva iniciativa legislativa para intentar recuperar esas herramientas.
“Si no se logra aprobar, pues el Gobierno tendría que volver a radicar un proyecto de ley porque no entra en vigencia esta Ley de Orden Público”, explicó.
El representante también sostuvo que el vencimiento de la norma tendría consecuencias para la política de Paz Total impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, al dejar sin vigencia las herramientas legales que dependen de esa autorización.