iESCÁNDALO POR PRESUNTOS FAVORES SEXUALES! Deicy Jiménez declaró ante la Corte Suprema
Durante más de tres horas, Deicy Jiménez rindió declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por las denuncias relacionadas con una presunta red que habría entregado contratos a cambio de favores sexuales. Su abogado, Felipe Caballero, aseguró que la mujer respondió las preguntas del magistrado, la defensa y la Procuraduría, pese a las presiones que, según denunció, ha recibido junto a su familia.
Uno de los puntos más importantes de la diligencia fue el anuncio de la posible entrega de un celular que contendría videos, conversaciones y otros elementos que podrían respaldar su testimonio. Caballero explicó que, por razones de seguridad, el dispositivo no fue entregado inmediatamente y que se coordinará su recolección con personal técnico. Además, señaló que Jiménez relató presuntos encuentros relacionados con sexo y drogas, en los que habría mencionado a funcionarios y exfuncionarios de diferentes periodos.
Por su parte, el abogado Alejandro Carranza, quien asistió en representación de Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro, aseguró que sus representados están tranquilos frente al desarrollo de la diligencia. Sin embargo, anunció una denuncia penal contra Deicy Jiménez por presuntas falsedades en documentos que habría presentado al Congreso cuando solicitó trabajo, situación que pidió investigar a la Fiscalía.
La controversia también alcanzó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de que Carranza denunciara a su actual director por un presunto constreñimiento contra funcionarias y contratistas. Según el abogado, algunas mujeres habrían sido interrogadas sobre sus preferencias políticas y su participación en actividades de campaña de Iván Cepeda, bajo supuestas amenazas de procesos disciplinarios o terminación de contratos. Incluso, manifestó sospechas sobre la posible participación de integrantes de inteligencia, aunque aclaró que no tiene confirmación de sus identidades.
Mientras ambas partes mantienen sus versiones, el caso queda en manos de las autoridades judiciales, que deberán analizar los testimonios, verificar los elementos digitales anunciados y establecer si existieron las presuntas irregularidades. Por ahora, las denuncias siguen bajo investigación y no se han determinado responsabilidades penales por los hechos señalados.