Ministerio de Hacienda pide eliminar beneficios pensionales especiales para afros, indígenas y campesinos
El Ministerio de Hacienda solicitó a la Cámara de Representantes eliminar el artículo 93 de la reforma pensional, que contempla la creación de condiciones especiales de pensión para las comunidades indígenas, negras y campesinas del país. El Gobierno argumenta que esta disposición podría generar dificultades constitucionales y un impacto fiscal que no ha sido posible cuantificar con precisión.
La petición fue presentada mediante un oficio enviado por el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, en el marco de la discusión de las disposiciones de la reforma pensional que deben ser revisadas por el Congreso.
Según el documento, la creación de tratamientos diferenciados podría entrar en conflicto con las disposiciones constitucionales relacionadas con los regímenes especiales de pensión. Además, el Ministerio manifestó su preocupación por las consecuencias financieras que tendría la implementación de esta medida dentro del sistema pensional.
En el oficio, la cartera señaló que el costo fiscal de la propuesta resulta “incuantificable”, debido a la falta de información suficiente para establecer su impacto. Por esa razón, consideró conveniente eliminar el artículo para evitar presiones adicionales sobre las finanzas del sistema.
La solicitud abre nuevamente la discusión sobre el alcance de los beneficios diferenciales para poblaciones históricamente vulnerables y la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Otro de los puntos planteados por el Ministerio de Hacienda está relacionado con la reducción de semanas de cotización exigidas a las mujeres para acceder a la pensión de vejez.
El Gobierno manifestó su respaldo a una propuesta que establece un mínimo de mil semanas cotizadas para las mujeres, independientemente del número de hijos que hayan tenido.
La discusión se centra en el beneficio contemplado en el texto aprobado por el Senado, que permite reducir las semanas requeridas a las mujeres con hijos. Bajo esa disposición, una mujer que haya tenido tres hijos podría acceder a la pensión con 850 semanas cotizadas.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, considera necesario limitar ese beneficio y establecer un piso de mil semanas, con el argumento de controlar el impacto financiero de la medida.
De acuerdo con las cifras expuestas en el documento, permitir que las mujeres se pensionen con 850 semanas podría representar un costo adicional de $64,9 billones. Este monto se sumaría al costo estimado de aproximadamente $360 billones asociado a la reducción de semanas hasta mil, contemplada en la reforma.
Las cifras reflejan la preocupación del Gobierno por el financiamiento de los beneficios pensionales y por las obligaciones que asumiría el sistema en el largo plazo.
El Ministerio de Hacienda también se pronunció sobre las comisiones de administración que reciben las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
En este punto, el Gobierno por medio del Ministerio de Hacienda, considera inconveniente eliminar las comisiones establecidas en la reforma pensional, por lo que pidió a los congresistas mantener esa disposición.
La posición del Ministerio busca conservar las condiciones previstas para la administración de los recursos, en medio de las modificaciones que se analizan al articulado de la reforma.
Si la Cámara de Representantes acepta las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, el texto aprobado deberá ajustarse frente a la versión que recibió el visto bueno del Senado en 2023. Las diferencias tendrían que resolverse mediante un proceso de conciliación entre ambas cámaras.
El trámite se desarrolla bajo los plazos definidos en el marco de la revisión constitucional de la reforma pensional. Según el calendario mencionado en la información sobre el proceso, la Corte Constitucional tenía plazo hasta el jueves para votar las proposiciones y los apartes devueltos, mientras que la conciliación debía completarse antes del cierre de la legislatura, en diciembre.
Las decisiones que adopte el Congreso serán determinantes para establecer el alcance definitivo de los beneficios pensionales, las condiciones de acceso para las mujeres y las medidas aplicables a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. También definirán cómo se equilibran los objetivos de protección social con las obligaciones financieras del sistema.