Defensoría pide investigar posibles nexos entre políticos y grupos criminales en Cúcuta
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales investigar a profundidad las posibles redes de corrupción y los presuntos vínculos entre grupos armados ilegales y sectores políticos en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander. El llamado se produce en medio de la crisis de seguridad que afecta a la zona fronteriza y tras el asesinato del exsecretario de Gobierno de la capital nortesantandereana, Miguel Castellanos.
Marín advirtió que el nivel de control territorial que ejercen las organizaciones criminales en Cúcuta y exige esclarecer las posibles relaciones de complacencia o complicidad que podrían facilitar sus actividades ilegales.
La funcionaria insistió en que las autoridades deben examinar las redes de corrupción que eventualmente permitirían a estos grupos consolidar su presencia e influencia en distintos sectores de la región.
“En las alertas lo que digamos es claro es un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales a que investiguen las redes de corrupción que pueden llegar a tener estos grupos”, afirmó Marín.
La defensora agregó que el contexto de violencia debe analizarse de manera integral para comprender cómo las estructuras armadas y las organizaciones criminales consiguen mantener su capacidad de intimidación y ejercer control sobre las comunidades.
“Todo este contexto tiene que ser investigado y entendido a profundidad porque hace parte de las posibilidades que tienen las redes de grupos armados y criminalidad organizada para tener control y capacidad de hacer daño”, sostuvo.
El pronunciamiento de la Defensoría se conoció después del homicidio de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, mayor retirado de la Policía Nacional y quien había manifestado públicamente su intención de aspirar a la Alcaldía de la ciudad.
Su asesinato se suma a otros hechos violentos registrados en la zona fronteriza, entre ellos un ataque sicarial y la explosión de un artefacto cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander en Cúcuta.
La sucesión de estos episodios ha incrementado la preocupación por las condiciones de seguridad de quienes participan en la vida pública de Cúcuta, Norte de Santander. Sin embargo, cualquier eventual relación entre estos hechos y las estructuras políticas o criminales deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Marín también alertó sobre las amenazas que enfrenta la población que desarrolla actividades políticas, periodísticas y de liderazgo social en Cúcuta. Según explicó, la violencia en la región no puede entenderse únicamente a partir de los homicidios y los ataques armados, sino también desde las economías ilegales y las redes que podrían sostenerlas.
“Cúcuta se ha convertido desde hace ya muchos años en una ciudad muy insegura para hacer política, para hacer periodismo, para los liderazgos sociales y en el fondo pues hay también estas redes relacionadas con economías ilegales”, manifestó.
La funcionaria recordó el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido en la ciudad, como parte del panorama de riesgos para el ejercicio periodístico en la región. La situación plantea nuevos desafíos para la protección de quienes denuncian irregularidades, investigan hechos de interés público o ejercen oposición política.
El panorama de seguridad de Cúcuta y municipios cercanos, como Villa del Rosario y Los Patios, está marcado por la presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Entre las estructuras señaladas en el contexto regional se encuentran el Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, y organizaciones que operan en distintas zonas de Norte de Santander.
A esta situación se suma el conflicto armado en la región del Catatumbo, donde el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC mantienen una confrontación que se intensificó tras la ruptura de los acuerdos entre esas estructuras en enero de 2025.
La ubicación fronteriza con Venezuela también representa un desafío para las autoridades, debido a las dinámicas de contrabando, las economías ilícitas y las disputas por el control de rutas estratégicas.
Ante este escenario, la Defensoría insiste en que las investigaciones deben ir más allá de los autores materiales de los hechos violentos y examinar las posibles redes que facilitan el funcionamiento de las organizaciones criminales.
El llamado de Iris Marín busca que las autoridades judiciales determinen si existen vínculos entre estructuras ilegales, redes de corrupción y sectores políticos, sin dar por probadas esas relaciones antes de que concluyan las investigaciones.