Deicy Jiménez también habría tenido contrato con el Dapre
El escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro toma un nuevo rumbo. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, reveló que la mujer tuvo un contrato directamente con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y confirmó que ya fue presentada una denuncia penal contra el exmandatario.
Durante una entrevista en Mañanas Blu, Enciso aseguró que, tras revisar los registros de contratación de Jiménez, encontró vinculaciones con el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. Sin embargo, llamó especialmente su atención un contrato publicado el 25 de julio de 2026, en el que la mujer figuraba como auxiliar administrativa del Dapre. Según la información divulgada, cinco contratos atribuidos a Jiménez sumarían más de 100 millones de pesos.
¡Y el caso ya llegó a instancias judiciales! El director del Instituto Anticorrupción confirmó que su organización radicó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se investigue si existieron posibles irregularidades en la contratación estatal. Entre las conductas que solicita examinar mencionó el peculado, el tráfico de influencias y la concusión, sin que hasta el momento se haya establecido responsabilidad penal del expresidente.
La controversia estalló después de que Deicy Jiménez asegurara, en una entrevista publicada por SEMANA el domingo 25 de octubre, que presuntamente recibió contratos estatales a cambio de encuentros íntimos con Petro. La mujer también afirmó que existiría una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres en circunstancias similares, señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades. Por su parte, el exmandatario rechazó las acusaciones y aseguró que jamás utilizó su poder para obtener beneficios de carácter íntimo.
Para Enciso, el asunto central no es la vida privada de Petro, sino establecer si se utilizaron cargos o recursos públicos para favorecer intereses particulares. El abogado insistió en que los contratos deben ser examinados y recordó que corresponde a la justicia determinar la autenticidad de las pruebas y la existencia de posibles delitos. Entretanto, el expresidente conserva plenamente su presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.