Angie Rodríguez y Laura Sarabia serán citadas por la Fiscalía en investigación sobre contratos en el Dapre
La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar presuntas irregularidades en la contratación pública del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras entidades estatales durante el gobierno de Gustavo Petro. Como parte de las primeras actuaciones, el ente acusador citará a las exdirectoras de esa dependencia, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, con el propósito de conocer información que permita esclarecer los hechos denunciados.
De acuerdo con la información conocida, la noticia criminal fue abierta el pasado 23 de octubre y quedó a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien contará con el apoyo de un equipo especializado. La investigación busca establecer si se presentaron irregularidades en los procesos de contratación estatal y determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos que han generado controversia en los últimos días.
La Fiscalía también anunció que ordenará actividades de policía judicial para avanzar en la recolección y verificación de información. Dentro de las diligencias previstas se contempla escuchar a funcionarios y exfuncionarios del Dapre, así como a otras personas que puedan tener conocimiento de los hechos objeto de investigación.
La citación de Rodríguez y Sarabia por medio de la Fiscalía se produce en medio de las denuncias relacionadas con una presunta contratación irregular de mujeres mediante contratos de prestación de servicios. El caso tomó fuerza después de las declaraciones públicas de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien expuso señalamientos sobre la posible instrumentalización de mujeres vinculadas contractualmente con entidades públicas.
Según las denuncias divulgadas, algunas de estas mujeres habrían sido utilizadas para asistir a reuniones y fiestas en la Casa de Nariño. Estas afirmaciones deberán ser contrastadas por los investigadores, quienes tendrán que establecer si existieron irregularidades administrativas o conductas que puedan tener relevancia penal.
La apertura de la noticia criminal no implica que se haya demostrado la comisión de un delito ni que las personas citadas tengan responsabilidad en los hechos. Se trata de una actuación orientada a verificar la información disponible, escuchar a quienes puedan aportar datos relevantes y determinar si existen elementos suficientes para adoptar nuevas decisiones dentro del proceso.
A las denuncias conocidas se sumaron las declaraciones del actual director del Dapre, Carlos Ríos, quien señaló ante el Congreso que serían 48 las mujeres involucradas en los hechos relacionados con una presunta instrumentalización mediante contratos de prestación de servicios.
De acuerdo con lo expuesto, cuatro de ellas estarían declarando ante la Fiscalía como testigos ante funcionarios del Dapre. Sus testimonios podrían contribuir a esclarecer las circunstancias de las contrataciones, las funciones que desempeñaban y las situaciones que habrían rodeado su vinculación con la entidad.
La cifra de 48 mujeres ha generado interrogantes sobre el alcance de las denuncias y sobre la posible existencia de un patrón en la contratación pública. Sin embargo, será necesario establecer si todas las personas mencionadas están relacionadas con los mismos hechos, cuáles fueron sus condiciones contractuales y si existen elementos verificables que permitan confirmar las afirmaciones divulgadas.
La investigación por parte de la Fiscalía también deberá determinar si las vinculaciones respondían a necesidades reales de las entidades estatales, si se cumplieron los procedimientos correspondientes y si hubo participación de funcionarios en decisiones que pudieran resultar contrarias a la ley.
Ante la gravedad de los señalamientos, la defensora del pueblo, Iris Marín, pidió que las investigaciones sean priorizadas y que las autoridades competentes actúen con independencia para esclarecer lo sucedido.
Marín solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría, con el fin de que cada organismo adelante las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.
Asimismo, hizo énfasis en la importancia de garantizar la protección de las posibles víctimas y de asegurar que las personas que puedan aportar información tengan condiciones adecuadas para hacerlo.
La intervención de los organismos de control y de las autoridades judiciales será clave para establecer si las denuncias corresponden a hechos verificables y si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales. También será necesario determinar qué funcionarios participaron en los procesos de contratación y si hubo decisiones que favorecieron intereses particulares.
Con la apertura de la noticia criminal, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de un caso que ha puesto bajo escrutinio la contratación estatal en la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro. Las citaciones a Angie Rodríguez, Laura Sarabia y otros funcionarios forman parte de las primeras diligencias anunciadas para recopilar información y reconstruir las circunstancias de los hechos.
Por ahora, las presuntas irregularidades continúan bajo investigación y las autoridades deberán establecer qué ocurrió, quiénes pudieron intervenir y si existen pruebas que sustenten eventuales responsabilidades. La prioridad será verificar los testimonios y documentos disponibles, garantizar el debido proceso y proteger a las posibles víctimas mientras avanzan las actuaciones judiciales.