Alberto Núñez Feijóo propone exigir un tiempo mínimo de residencia en España para que los nacionalizados puedan votar
El líder del Partido Popular plantea endurecer las condiciones para ejercer el derecho al voto y cuestiona que los españoles nacionalizados que nunca han vivido en el país puedan decidir quién gobierna.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la posibilidad de exigir un tiempo mínimo de residencia en España para que las personas que hayan adquirido la nacionalidad española puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones. La propuesta, que todavía no cuenta con una duración de residencia definida ni con todos sus detalles concretados, forma parte de la estrategia del PP para endurecer los requisitos relacionados con la nacionalidad española.
“Una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto”, ha afirmado Feijóo este martes durante una entrevista en la Cadena COPE. Con estas palabras, el dirigente popular ha defendido la necesidad de establecer condiciones adicionales para que determinados ciudadanos nacionalizados puedan participar en los procesos electorales españoles.
La iniciativa llega en plena polémica por la llamada ley de nietos, una vía de acceso a la nacionalidad contemplada en la Ley de Memoria Democrática de 2022 que ha permitido a miles de descendientes de españoles solicitar la ciudadanía, especialmente en el caso de familias vinculadas a la emigración y al exilio.
El PP quiere endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad
Desde la dirección nacional del Partido Popular, con sede en Génova, estudian impulsar una nueva ley orgánica específica sobre nacionalidad si Feijóo consigue llegar a la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
La propuesta pasaría por separar la regulación de la nacionalidad del Código Civil y desarrollar una normativa propia que refuerce las condiciones para adquirir la ciudadanía española.
Pero el planteamiento del PP no se limitaría a dificultar la obtención del pasaporte. La formación también contempla introducir requisitos adicionales para ejercer el derecho al sufragio, entre ellos un periodo mínimo de residencia en España.
Feijóo ha mencionado asimismo otros posibles condicionantes, como tener conocimiento de la situación del país y disponer de información suficiente para orientar adecuadamente el voto.
Por el momento, el líder popular no ha especificado cuántos años de residencia serían necesarios ni qué personas quedarían sujetas a esa posible limitación. Tampoco ha aclarado cómo se aplicaría la medida a quienes hayan adquirido la nacionalidad española por descendencia y residan habitualmente en el extranjero.
La polémica por la ley de nietos
Uno de los principales argumentos utilizados por Feijóo para defender su propuesta es el número de personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la llamada ley de nietos. El dirigente popular ha asegurado que se ha intentado incorporar a 2,4 millones de nuevos votantes y ha cuestionado que ciudadanos que nunca han residido en España puedan participar en las decisiones electorales del país.
En este contexto, ha señalado al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en el que figuran los españoles que viven fuera del territorio nacional y que cumplen los requisitos para participar en las elecciones correspondientes.
Sin embargo, este censo no está integrado exclusivamente por personas nacionalizadas recientemente. También incluye a españoles de nacimiento que residen en el extranjero y a ciudadanos que adquirieron la nacionalidad posteriormente por distintas vías legales.
La controversia se ha intensificado después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el derecho al voto de más de 160.000 españoles nacionalizados mediante esta vía, según las cifras recogidas en la información publicada sobre el caso.
El Partido Popular sostiene que la aplicación de la ley debe revisarse y cuestiona algunos de los criterios administrativos utilizados para tramitar las solicitudes de nacionalidad. La formación considera que la interpretación de la normativa ha ampliado los supuestos de acceso a la ciudadanía y defiende que deben adoptarse medidas para garantizar la integridad del censo electoral.
¿Qué dice la Constitución sobre el derecho al voto?
El debate también tiene una dimensión jurídica importante. El artículo 23.1 de la Constitución española reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o mediante representantes elegidos libremente en elecciones periódicas por sufragio universal.
Por su parte, el artículo 13.2 establece que los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, con las excepciones previstas para el sufragio en las elecciones municipales de ciudadanos extranjeros en condiciones de reciprocidad.
En este escenario, una eventual reforma que estableciera requisitos adicionales para que determinados ciudadanos españoles pudieran votar tendría que examinarse a la luz de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
La cuestión central es si puede condicionarse el ejercicio del sufragio de ciudadanos que ya poseen legalmente la nacionalidad española por el hecho de no haber residido en España durante un periodo determinado.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido ante el Tribunal Constitucional el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero afectados por la suspensión cautelar. En su recurso de amparo, Gabilondo sostiene que existe un vínculo fundamental entre la nacionalidad española y el derecho a participar en las elecciones, por lo que considera necesario proteger las garantías constitucionales de estos ciudadanos.
El PP pide intervenir ante el Constitucional
La disputa política y judicial continúa. Este martes, el Partido Popular ha solicitado personarse en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional en relación con la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos.
La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, ha defendido esta iniciativa y ha asegurado que la controversia ya no es únicamente jurídica, sino también una cuestión relacionada con las garantías electorales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Además, la formación ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior para exigir el cumplimiento inmediato de lo ordenado por el Tribunal Supremo. El partido ha advertido de que reclamará responsabilidades si considera que existe un incumplimiento.
La decisión del Tribunal Constitucional será determinante para conocer cómo queda la situación de los afectados por la suspensión cautelar y qué posibilidades tendrán de participar en las próximas elecciones. Mientras tanto, la propuesta de Feijóo abre un nuevo frente político: el de establecer una posible diferencia entre tener la nacionalidad española y poder ejercer el derecho al voto.
Una iniciativa que plantea interrogantes sobre los límites legales de una futura reforma, los derechos de los españoles que viven fuera del país y el papel de la residencia en el ejercicio de la ciudadanía. Por ahora, el PP no ha concretado los requisitos que pretende establecer, por lo que habrá que esperar a conocer el contenido de una eventual propuesta normativa para determinar su alcance real.