RTVC denuncia presuntas irregularidades en planillas de contratistas durante el gobierno Petro
La nueva administración del Sistema de Medios Públicos RTVC adelanta una revisión de contratos y soportes de pago correspondientes al periodo comprendido entre 2023 y 2026. Los hallazgos preliminares apuntarían a posibles inconsistencias en las planillas de aportes a salud y pensión presentadas por algunos contratistas, así como a eventuales fallas en la supervisión contractual.
El Sistema de Medios Públicos (RTVC) anunció la identificación de presuntas irregularidades en los soportes de pago de algunos contratistas, tras una revisión de documentos relacionados con contratos ejecutados entre 2023 y 2026. Según informó la entidad, los hallazgos preliminares estarían relacionados con planillas que acreditarían aportes al sistema de seguridad social que, aparentemente, no se habrían realizado.
La situación fue dada a conocer por la actual administración de RTVC, que señaló la necesidad de examinar los documentos presentados por los contratistas y establecer si se produjeron fallas en los procedimientos de verificación antes de autorizar los desembolsos mensuales.
De acuerdo con la información divulgada por la entidad, algunos contratistas habrían presentado planillas en las que figuraban aportes a salud y pensión que presuntamente no se hicieron efectivos. Esos documentos, según la denuncia, habrían sido incorporados a las cuentas de cobro y aceptados por los supervisores como soportes para tramitar los pagos correspondientes.
Por ahora, se trata de hallazgos preliminares que deberán ser verificados mediante la revisión documental y las actuaciones de las autoridades competentes. La información conocida no permite establecer de manera definitiva cuántos contratos estarían involucrados, qué montos podrían estar comprometidos ni quiénes serían responsables de las presuntas irregularidades en RTVC.
Uno de los puntos centrales de la investigación interna tiene que ver con la acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, un requisito que debe verificarse en los casos en los que la normativa aplicable exige su cumplimiento para el trámite de pagos a contratistas.
RTVC advirtió que la presentación de documentos presuntamente inconsistentes no sería un asunto menor, debido a que estos soportes forman parte de los mecanismos de control establecidos para garantizar que los recursos públicos se administren conforme a las obligaciones legales y contractuales.
La entidad busca establecer si las planillas presentadas reflejaban pagos efectivamente realizados o si, por el contrario, fueron utilizadas para acreditar obligaciones que no se habrían cumplido. Para ello, será necesario contrastar los documentos incorporados a las cuentas de cobro con la información de las entidades responsables del recaudo de los aportes.
La revisión también deberá determinar si las posibles inconsistencias obedecieron a errores documentales, incumplimientos de los contratistas o conductas que puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales o penales. Estas hipótesis deberán evaluarse a partir de las pruebas que se recopilen, sin anticipar conclusiones sobre la existencia de delitos o responsabilidades individuales.
La denuncia de RTVC no se limita a las actuaciones que habrían realizado algunos contratistas. La actual administración también puso el foco en las obligaciones de quienes tenían a su cargo la supervisión de los contratos y la revisión de los documentos presentados para respaldar los pagos.
Según la entidad, la supervisión contractual debía comprobar la idoneidad y consistencia de los soportes antes de recomendar o autorizar cada desembolso. Por esta razón, la eventual aceptación de planillas presuntamente irregulares en abre interrogantes sobre la eficacia de los procedimientos de control interno.
En ese sentido, el medio manifestó que la revisión debe abarcar tanto la documentación entregada por los contratistas como las certificaciones expedidas por los supervisores durante el periodo analizado.
El objetivo es establecer si los controles se aplicaron adecuadamente, si existieron omisiones en la verificación de los documentos o si se presentaron otras circunstancias que puedan comprometer el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
De confirmarse fallas, las autoridades competentes deberán determinar si corresponden a errores administrativos, incumplimientos de los deberes de supervisión o actuaciones que ameriten investigaciones y eventuales sanciones. La sola existencia de documentos cuestionados no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad contra quienes participaron en los procedimientos.
La gerente de RTVC, Ángela María Mora Soto, solicitó revisar las planillas de aportes, los soportes de las cuentas de cobro y las certificaciones de supervisión correspondientes al periodo comprendido entre 2023 y 2026.
La instrucción busca establecer el alcance de los hechos advertidos, identificar los contratos que eventualmente estarían comprometidos y reunir la documentación necesaria para que las autoridades puedan evaluar lo sucedido.
Una vez se consoliden los hallazgos y se determine qué información debe ponerse en conocimiento de los organismos competentes, la entidad anunció que remitirá las pruebas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Cada organismo podrá examinar los hechos dentro del ámbito de sus competencias. La Fiscalía podrá evaluar si existen elementos que ameriten una investigación penal; la Procuraduría podrá analizar eventuales faltas disciplinarias de los servidores públicos sujetos a su competencia, y la Contraloría podrá establecer si hay aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos que deban ser investigados desde el control fiscal.
La remisión de documentos a estas entidades no implica que las responsabilidades estén demostradas. Será necesario que las autoridades analicen las pruebas, adelanten las actuaciones correspondientes y garanticen el debido proceso a las personas eventualmente vinculadas.
La nueva administración aseguró que su propósito es revisar los procedimientos internos, corregir las posibles fallas identificadas y acudir a las instancias legales cuando encuentre elementos que así lo justifiquen.
Las presuntas irregularidades en las planillas de seguridad social se conocen en medio de otras denuncias divulgadas por la actual administración de RTVC sobre decisiones contractuales adoptadas durante periodos anteriores.
Durante la administración de Gustavo Petro, el Sistema de Medios Públicos contrató a diferentes influenciadores y activistas cercanos a sectores políticos afines al entonces Gobierno. Sin embargo, la existencia de esos vínculos políticos no demuestra, por sí sola, que los contratos fueran irregulares o que sus beneficiarios hubieran incurrido en conductas ilegales.
Cualquier eventual cuestionamiento sobre la contratación deberá sustentarse en hechos verificables, como el cumplimiento de los requisitos, las obligaciones pactadas, la ejecución de los servicios y la correcta utilización de los recursos públicos.
En este contexto, la revisión de las planillas constituye una línea de investigación distinta, centrada en la documentación que habría servido de respaldo para tramitar los pagos mensuales y en las actuaciones de quienes debían verificarla.
La información divulgada hasta el momento tampoco permite afirmar que todos los contratos del periodo analizado presenten anomalías. La investigación interna deberá precisar cuáles documentos son objeto de cuestionamiento y si las situaciones detectadas corresponden a casos aislados o a problemas que requieren cambios más amplios en los mecanismos de supervisión.
A las denuncias por los soportes de pago se suma un cuestionamiento anterior relacionado con la adquisición de una unidad móvil para RTVC, contratada en 2025 por un valor de $11.924 millones.
Según lo informado por la actual administración, el equipo permanece estacionado en las instalaciones de la entidad porque no podría cumplir la finalidad para la cual fue adquirido, debido a la ausencia de una planta de energía necesaria para su funcionamiento.
RTVC también señaló posibles sobrecostos superiores a los $2.000 millones y presuntas deficiencias técnicas asociadas al contrato 2899 de 2025.
Estos señalamientos plantean interrogantes sobre la planeación de la adquisición, las especificaciones técnicas del equipo, las condiciones pactadas y las verificaciones realizadas antes de recibir el bien. No obstante, tanto los posibles sobrecostos como las deficiencias denunciadas deberán ser sustentados mediante evaluaciones técnicas, contractuales y financieras.
Para establecer si hubo incumplimientos o irregularidades, será necesario examinar el contrato, sus anexos, las obligaciones del proveedor, los requisitos de funcionamiento y los documentos de recibo. También deberá determinarse si la ausencia de la planta de energía estaba contemplada en el alcance contractual, si debía suministrarse como parte del negocio y qué responsabilidades podrían derivarse de las condiciones en las que se entregó el equipo.
La denuncia relacionada con la unidad móvil y la revisión de las planillas de seguridad social tienen objetos distintos, aunque ambas ponen bajo escrutinio los procedimientos de contratación, supervisión y administración de los recursos públicos de RTVC.
Con la revisión documental en curso, el principal desafío para la nueva administración será establecer con precisión qué ocurrió, qué contratos y pagos estarían comprometidos y si las eventuales inconsistencias pueden atribuirse a errores, incumplimientos o actuaciones con relevancia jurídica.
La recopilación de pruebas y su eventual traslado a los organismos de control será determinante para esclarecer los hechos y definir si corresponde iniciar investigaciones formales.
Mientras avanzan las verificaciones, los señalamientos deben entenderse como presuntas irregularidades y no como responsabilidades ya establecidas. La determinación final dependerá de las pruebas, las explicaciones de los involucrados y las decisiones que adopten las autoridades competentes.