Fiscalía investiga a ‘Matador’ por contrato de $257 millones con el Fondo Colombia en Paz

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Un contrato de $257 millones firmado por el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, con el Fondo Colombia en Paz quedó bajo revisión de la Fiscalía General de la Nación, que busca determinar si el publicista cumplió con todas las actividades acordadas para desarrollar una estrategia de comunicación sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

El contrato fue suscrito en 2023, durante el Gobierno de Gustavo Petro, y contemplaba una duración de 12 meses. Por su valor total, el pago mensual equivalía aproximadamente a $21,4 millones. El trabajo consistía en elaborar caricaturas y otras piezas gráficas para divulgar los avances, las acciones y los resultados relacionados con el cumplimiento de los compromisos pactados con las extintas Farc.

La investigación se centra en verificar los productos entregados, los informes de ejecución, los soportes de las actividades y la difusión de los contenidos, incluidas las publicaciones en canales institucionales. Con esa documentación, el ente investigador deberá establecer si las obligaciones contractuales se cumplieron de manera integral. La apertura de la indagación no significa, por sí sola, que se haya comprobado alguna irregularidad.

La investigación contractual y la polémica con la primera dama

La actuación se conoce en medio de otra controversia que involucra a ‘Matador’, luego de que publicara mensajes ofensivos contra Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, en una discusión sobre las ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en el Eje Cafetero.

El domingo 11 de octubre, González publicó en X un mensaje sobre los recursos recolectados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por Pineda, para atender a las familias afectadas en Pereira. En esa publicación se refirió a la primera dama con las expresiones “ratita” y “patirraquítica”, lo que desató cuestionamientos.

Durante una entrevista con los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, el caricaturista descartó retractarse y sostuvo que la controversia terminó poniendo la atención sobre las comunidades afectadas de Pereira, Manizales y Dosquebradas.

“Si no hubiese sido por ese trino, claro, desafortunado, palabras ofensivas, sí, la gente no tendría la mirada hoy en la gente de Pereira, en la gente de Manizales, en la gente de Dosquebradas, que son los que están sufriendo y que se quedan callados”, afirmó.

González también negó haber llamado “rata” a Pineda y defendió el uso de la palabra “ratita”, al argumentar que se refería a un animal pequeño. “Las ratas tienden a embolatar las cosas, a llevarse cosas. A la gente le indignó más eso, pero hay que preguntarse por la gente que sufre”, manifestó.

Por su parte, la Presidencia de la República calificó los mensajes como misóginos, sexistas y denigrantes, y cuestionó las referencias a la apariencia física de la primera dama. El Gobierno informó que puso las publicaciones en conocimiento de la Fiscalía para que se determine si podrían constituir una conducta sancionable.

Aunque ambos asuntos involucran al mismo caricaturista y están bajo el foco público, tienen objetos distintos: uno busca establecer si cumplió las obligaciones de un contrato financiado con recursos públicos; el otro se relaciona con sus publicaciones sobre la primera dama.

En el caso contractual, la Fiscalía deberá evaluar la documentación y las pruebas disponibles para definir el curso de la actuación. Por ahora, la indagación no equivale a una declaración de responsabilidad penal.