Liliana Agámez lleva a la Fiscalía disputa por publicación en redes y reclama protección de su buen nombre
Liliana Lucía Agámez Camacho acudió a la Fiscalía para defender su buen nombre tras una publicación difundida en redes sociales que, según sostiene, expuso de manera distorsionada una controversia económica relacionada con un inmueble rural. Además de solicitar una rectificación y el retiro del contenido, aseguró haber denunciado presuntas presiones e intimidaciones vinculadas al conflicto.
Una controversia por un negocio relacionado con un inmueble rural escaló al terreno judicial y mediático. Liliana Lucía Agámez Camacho acudió este miércoles 17 de septiembre a la Fiscalía y anunció acciones frente a una publicación difundida en redes sociales que, según sostiene, presentó de manera incompleta los hechos y afectó su honra y buen nombre.
Lo que comenzó como una disputa económica y contractual terminó llegando a la Fiscalía. Liliana Agámez decidió acudir a las autoridades luego de la difusión de un contenido en redes sociales que, asegura, expone una versión distorsionada de un conflicto privado y afecta una trayectoria profesional construida durante más de dos décadas.
El documento conocido por este medio registra la recepción de una querella este 17 de septiembre de 2026, en Montería, relacionada con el presunto delito de injuria por vías de hecho, contemplado en el artículo 226 del Código Penal. La existencia de la querella no supone que exista una decisión judicial sobre los hechos ni determina responsabilidad alguna.
El negocio detrás de la controversia
Según la versión entregada por Agámez, el conflicto está relacionado con una finca cuyo valor habría sido cercano a los $600 millones. Afirma que el comprador entregó inicialmente $300 millones y que posteriormente se acordó un esquema para comercializar el inmueble y distribuir la utilidad restante.
Agámez sostiene que, desde noviembre de 2023, el comprador permanece en posesión y usufructo del predio, mientras existiría un saldo pendiente que ella calcula en aproximadamente $150 millones. Esta es la versión de una de las partes y deberá ser contrastada dentro de las actuaciones correspondientes.
Su posición, explicó, es que cualquier transferencia definitiva de los predios que continúan bajo su titularidad debe producirse después del cumplimiento de las obligaciones económicas que reclama. Según indicó, esa fórmula también habría sido planteada como alternativa de conciliación.
“No voy a ceder por presión mediática”
Agámez cuestionó que la controversia haya sido presentada públicamente, según ella, como un enfrentamiento entre dos partes en condiciones desiguales. Además, aseguró haber informado a la Fiscalía sobre supuestas presiones, intimidaciones y contactos de personas que presuntamente se habrían identificado como integrantes de grupos al margen de la ley. Estas afirmaciones corresponden a su denuncia y están sujetas a investigación.
“Aquí no se puede mostrar una historia incompleta y hacer parecer que una parte es indefensa mientras se silencian las presiones que he denunciado. Yo he acudido a las autoridades precisamente porque quiero que todo se esclarezca con pruebas y dentro de la ley”, manifestó.
La profesional considera que la publicación podría ejercer presión sobre ella para desistir del dinero que reclama y entregar bienes que, asegura, permanecen jurídicamente bajo su titularidad.
“No voy a ceder por presión mediática. Si existe una obligación pendiente, debe cumplirse”, señaló.
Pide rectificación y retiro de la publicación
Además de acudir a la Fiscalía, Agámez informó que solicitó al medio responsable del contenido una rectificación pública y su retiro, argumentando una afectación a sus derechos a la honra y al buen nombre.
Su apoderado también pidió que se establezca el origen de la información y de las fotografías utilizadas, así como las personas que habrían intervenido en la elaboración y divulgación de la publicación.
Agámez aseguró que no pretende trasladar la disputa a una confrontación personal en redes sociales. “No responderé destruyendo el nombre de nadie. Voy a responder con documentos, pruebas y por las vías institucionales”, expresó.
Por ahora, la controversia queda en manos de las autoridades. Los señalamientos económicos, las presuntas intimidaciones y las circunstancias que rodearon la publicación corresponden a versiones que deberán ser verificadas y contrastadas durante las actuaciones respectivas.