¡GOBIERNO BUSCA DESTRABAR LA ASPERSIÓN! Presenta argumentos para defender piloto con glufosinato
El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó sus argumentos para intentar levantar la suspensión del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo, una estrategia que permanece frenada mientras la justicia analiza los posibles riesgos para las comunidades, la salud y el medio ambiente.
La disputa por el regreso de la aspersión aérea de cultivos ilícitos llegó a los estrados. El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca que se levante la suspensión provisional del piloto con glufosinato de amonio en Putumayo, mientras los accionantes de una tutela advierten sobre posibles riesgos para la salud, el agua, los cultivos lícitos y el ambiente.
El plan quedó frenado el pasado 11 de septiembre, cuando un juzgado de Puerto Asís ordenó suspender provisionalmente las actividades de aspersión previstas para Putumayo mientras se resuelve de fondo una acción de tutela. Días antes, el Consejo Nacional de Estupefacientes había dado vía libre a una fase experimental, limitada y evaluable con glufosinato.
El glufosinato está en el centro de la disputa judicial por el regreso de la aspersión aérea en Putumayo.
Ahora el Ejecutivo intenta defender jurídicamente la estrategia. De acuerdo con el documento de respuesta, equipos de la Policía, Presidencia, los ministerios de Defensa y Justicia y el ICA sostienen que existen medidas de prevención, seguimiento y control y que el piloto todavía no tiene una fecha cierta de inicio.
Uno de los principales puntos de controversia es la evidencia científica disponible. Los demandantes consideran que no debería realizarse la aspersión hasta contar con evidencia suficiente sobre sus efectos en la salud humana y los ecosistemas. El Gobierno, en contraste, argumenta que no existe un “vacío científico absoluto” y que precisamente el piloto permitiría producir información adicional bajo condiciones controladas. El debate cobra relevancia porque existen interrogantes sobre el perfil ambiental y sanitario del glufosinato.
La estrategia también contempla restricciones territoriales. Según la respuesta gubernamental aportada, de las más de 40.000 hectáreas de coca identificadas en Putumayo, alrededor de 5.401 hectáreas serían susceptibles de intervención, tras excluir resguardos indígenas, territorios colectivos, parques naturales y otras áreas con restricciones.
El presidente De La Espriella ha señalado públicamente que acatará las decisiones judiciales mientras utiliza los mecanismos jurídicos disponibles para defender la estrategia. También afirmó que cualquier decisión sobre aspersión deberá contar con soportes técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales.
El fondo de la discusión sigue abierto: si las salvaguardas propuestas son suficientes para permitir el piloto o si primero deben resolverse las dudas sobre sus posibles impactos. Por ahora, la suspensión judicial permanece como el principal obstáculo para que las aeronaves comiencen las pruebas en Putumayo.