Familia de Kevin Acosta mantiene acciones judiciales contra Guillermo Alfonso Jaramillo
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa y falleció el 13 de febrero de 2026, continúa en los tribunales. La familia del menor, representada jurídicamente por el exministro de Justicia Wilson Ruiz y su equipo, mantiene su intención de que se establezcan las responsabilidades que correspondan por los hechos que rodearon su muerte.
Uno de los nuevos capítulos del proceso está relacionado con Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se desempeñaba como ministro de Salud cuando ocurrió el fallecimiento. Jaramillo fue citado a una audiencia de conciliación dentro de una actuación relacionada con sus declaraciones sobre el caso y la presunta divulgación de información reservada de la historia clínica del menor.
La conciliación no llegó a un acuerdo. A partir de este resultado, la representación de las víctimas anunció que continuará con las acciones judiciales y de investigación correspondientes.
“No se trata de una discusión económica ni de una negociación entre partes. Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia”, manifestó el equipo jurídico.
Kevin padecía hemofilia y requería tratamiento con emicizumab. De acuerdo con investigaciones y reportes posteriores, el menor llevaba un periodo prolongado sin recibir el medicamento antes de sufrir un accidente que agravó su estado de salud. La Procuraduría concluyó en marzo que existieron negligencias de la Nueva EPS relacionadas con la atención del niño y remitió elementos a la Fiscalía para establecer eventuales responsabilidades penales.
La Fiscalía, por su parte, avanzó en una investigación por presunto homicidio culposo contra funcionarios y exfuncionarios de la Nueva EPS. Entre los investigados están el exinterventor Luis Óscar Galves Mateus, además de otros funcionarios relacionados con la atención de Kevin.
El caso también involucra al entonces presidente Gustavo Petro. La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue su eventual responsabilidad, entre otros aspectos, por su posición de garante frente a la intervención de la Nueva EPS y por la presunta divulgación de información reservada de Kevin.
La controversia aumentó después de que Petro y Jaramillo se refirieran públicamente a las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin. La familia cuestionó esas declaraciones y sostuvo que se habían divulgado datos médicos reservados.
Ahora, tras el fracaso de la conciliación con Jaramillo, la representación de las víctimas insiste en que el proceso debe continuar hasta determinar, con base en las investigaciones de las autoridades, si hubo responsabilidades individuales en la muerte del menor.
La Fiscalía deberá establecer las eventuales responsabilidades penales. Por ahora, la solicitud de investigar a Jaramillo corresponde a la representación de las víctimas y no equivale a una condena ni a una determinación judicial de responsabilidad.