‘Dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos’: presidente De La Espriella confirma el fin de la ‘paz total’
Un giro definitivo en la política de paz del Gobierno quedó marcado con la firma de la Resolución 391 de 2026, mediante la cual el presidente Abelardo de la Espriella revocó la designación de los representantes del Ejecutivo en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La decisión se suma al cierre de otros espacios de negociación que venían funcionando desde el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos están los procesos sociojurídicos con los combos de Medellín, las conversaciones con los Comuneros del Sur, las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.
Con estas determinaciones, la administración de De la Espriella da por terminados los principales procesos de diálogo que hacían parte de la denominada política de ‘paz total’. El mandatario ha defendido un cambio de enfoque basado en seguridad, autoridad y justicia, y ha descartado otorgar estatus político o beneficios de impunidad a las organizaciones armadas.
“En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia”, sostuvo el presidente.
El Gobierno también cuestionó los recursos destinados durante los últimos cuatro años a los procesos de negociación. Según De la Espriella, fueron más de $7.000 millones los utilizados en honorarios para voceros, representantes y negociadores, mientras las organizaciones armadas continuaban fortaleciendo su presencia y afectando a comunidades y miembros de la Fuerza Pública.
En el caso del ELN, la mesa permanecía suspendida desde enero de 2025, después de la escalada de violencia registrada en el Catatumbo. La negociación, que tuvo como jefa de la delegación gubernamental a Vera Grabe, ya atravesaba un proceso de desgaste durante la administración Petro y había quedado prácticamente paralizada tras diferentes hechos violentos atribuidos a esa guerrilla.
El cierre de estos espacios confirma así el rumbo que el nuevo Gobierno comenzó a marcar desde sus primeras semanas: desmontar buena parte de las medidas de la ‘paz total’ y reemplazar la estrategia de diálogo con los grupos armados por una política centrada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la persecución de las organizaciones criminales.